Según el texto difundido de conjunto entre los ministerios de Justicia y el de Relaciones Exteriores, si bien el gobierno está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, aclaró que dicho procedimiento implicaría el estudio de cada uno de los casos.
Alegó la comunicación que este es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento del reo.
La controversia acerca del tema está motivada por las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien aseguró que pondría en la frontera del país vecino a mil 500 colombianos que cumplen condenas en su país, y con el objetivo de paliar el hacinamiento de las prisiones con la liberación de los extranjeros.
“Colombia dijo que nos querían ayudar y yo dije perfecto, ya les mandamos los mil 500 presos que mantenemos en cárceles ecuatorianas”, expresó el mandatario en una entrevista con Radio Canela, en referencia a los ofrecimientos de ayuda de otras naciones ante la situación de violencia que impera en Ecuador por estos días.
Justo durante la víspera, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, comentó que si Ecuador dejada en libertad a mil 500 de sus connacionales el país se vería en la necesidad de recibirlos.
En caso de concretarse las intenciones manifiestas del presidente ecuatoriano, ahondó, se examinaría la situación judicial de cada uno de los que reos que resulten expulsados.
Si alguno presentara alguna deuda pendiente con la Justicia colombiana, “pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en el país”, detalló.
A esas declaraciones, se sumó luego el comunicado emitido sobre el tema que asegura que la eventual expulsión de connacionales anunciada en medios de comunicación por Noboa, distinto a la figura de repatriación, constituiría una decisión unilateral de Ecuador, que dejaría sin efectos las decisiones de los órganos de justicia en Colombia.
Reafirmó su total disposición para activar el trámite de repatriación bajo los parámetros establecidos para tal efecto, y confió “en que la República del Ecuador tomará las medidas conducentes a preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en su territorio, sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar”.
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