Mientras el titular estaba dentro de la prisión, una camioneta lanzó en las afueras panfletos con su imagen, la del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; y de la alcaide de la instalación, Fabiola Valladares, con un arma apuntándoles.
En el papel estaba escrito un texto donde se advierte que «si la justicia legal no se aplica, ni cesan las torturas, llegará la justicia popular».
Hasta el momento ninguna agrupación asumió la responsabilidad por este mensaje intimidatorio.
En esa cárcel de máxima seguridad están recluidos cabecillas de la organización criminal Tren de Aragua y de otras bandas.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que el Ejecutivo adoptará las acciones legales correspondientes y no se permitirá ninguna vulneración contra Cordero y los otros funcionarios.
Mientras, el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, aseguró que en Chile no se tolerarán amenazas a las autoridades para tratar de inhibir las funciones y tareas propias de su cargo y se aplicarán todas las herramientas para perseguir a los culpables de la acción.
Por su parte el Cuerpo de Gendarmería, encargado de administrar y mantener el orden dentro de las prisiones, ordenó adoptar todas las medidas previstas ante posibles ataques a instalaciones carcelarias y evitar hechos como los ocurridos en Ecuador.
En este sentido señalaron la necesidad de actualizar los planes de enlace de personal, así como los números de emergencia y mantener la vigilancia por medio del circuito cerrado de cámaras en todos los recintos.
De igual manera recordaron que cada jefe de unidad debe disponer del tipo de armas a utilizar en los diferentes servicios en el caso extremo de ocurrir ataques desde el exterior, agresiones a funcionarios o contra unidades especiales.
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