Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la iniciativa superó este trámite luego de 14 meses de negociaciones, avances y retrocesos debido a la oposición de los partidos de derecha representados en el Congreso Nacional.
Uno de los principales obstáculos fue la distribución del seis por ciento adicional que los empleadores deben entregar con el objetivo de mejorar los ingresos de los jubilados, en particular de los menos favorecidos.
Este lunes el gobierno flexibilizó su posición y aceptó la fórmula sugerida por la Democracia Cristiana de destinar la mitad de ese dinero a las cuentas particulares de los trabajadores y el resto a un mecanismo solidario manejado por una entidad público-privada.
La oposición conservadora se negó todo el tiempo a repartir ese porcentaje y demandaba su entrega completa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que lucran con las cotizaciones y pagan jubilaciones por debajo del salario mínimo.
El nuevo proyecto incluye novedades como la posibilidad de que un trabajador pueda retirar en casos de emergencia hasta un millón de pesos (unos mil 140 dólares) de sus cuentas personales, con el compromiso de devolverlos.
También se adquiere el derecho de escoger libremente el mecanismo más conveniente para manejar las pensiones, lo cual pone fin a las AFP como existen ahora, que trabajan como un monopolio.
Se ajustan las rentas vitalicias y el sistema de información, que será manejado por una Superintendencia.
La reforma pasará ahora a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para armonizar bien los mecanismos de financiamiento y otros aspectos administrativos y allí debe someterse a votación a más tardar el viernes.
El trámite legislativo continuará la semana próxima en el plenario y en abril, luego del receso parlamentario de marzo, se discutirá en el Senado de la República antes de convertirse en ley.
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