Este lunes la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre la iniciativa que, de ser aprobada, pasará al plenario para convertirse en ley, pero -si es rechazada- todo el proceso quedará paralizado.
Una de las principales novedades de la reforma es el nuevo aporte de los empleadores, equivalente al seis por ciento de los salarios pagados, que permitirán mejorar los ingresos de los jubilados, sobre todo de quienes menos reciben.
Inicialmente la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, propuso destinar una parte de ese dinero a potenciar el empleo femenino, dos a las cuentas individuales de los trabajadores y las restantes tres a incrementar las pensiones más bajas.
Ante la polémica por esta fórmula, el Ejecutivo adoptó la sugerencia de la Democracia Cristiana de destinar la mitad al fondo de los asalariados y el resto a un pilar solidario manejado por una entidad público-privada.
Esta última variante dejaría en libertad a cada trabajador de escoger el modelo de acumulación de pensiones que más le convenga.
Mientras, la derecha insiste en destinar el seis por ciento completo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y mantenerlas como único sistema previsional.
En la actualidad esas empresas reciben las cotizaciones de los asalariados, lucran con ellas y obtienen grandes ganancias, pero pagan jubilaciones muy bajas.
De acuerdo con el diputado del Partido Comunista y miembro de la comisión, Luis Cuello, existe un “alineamiento de intereses” entre legisladores de oposición y las AFP.
El 72 por ciento de los retiros en Chile son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro están por debajo de la línea de pobreza.
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