Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos países fundamentaron su solicitud sobre la base del artículo 13 a) y 14 del Estatuto de dicho tribunal, el cual permite a un Estado Parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de esa entidad judicial.
Agregó que esos acápites incluso avalan la petición al fiscal de la CPI para abrir una pesquisa sobre el hecho en cuestión para determinar si proceden las acusaciones contra una o varias personas.
La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, por Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza, indicó la Cancillería.
Afirmó que así reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para establecer responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad mundial, tras enfatizar en la importancia de garantizar la independencia del tribunal para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza.
“A esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina, por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus nacionales”, puntualizó la Secretaría.
Finalmente, revalidó el compromiso de México con la justicia internacional, la prevención del genocidio y otros crímenes de guerra y contra la humanidad, aparte de expresar confianza en que se abra paso a la solución pacífica de controversias y el cese al fuego inmediato.
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