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Polémica en torno al asesinato de fiscal en Ecuador

Quito, 18 ene (Prensa Latina) El asesinato del fiscal César Suárez sigue hoy en el foco mediático en Ecuador y salieron a la luz ciertas incongruencias sobre la seguridad del funcionario en el momento del crimen, ocurrido este miércoles en Guayaquil.

La Fiscalía General informó mediante un comunicado que Suárez contó hasta mayo de 2023 con resguardo a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, «por el tipo de causas que investigaba».

Sin embargo, en la actualidad su protección era responsabilidad de «unidades policiales de cada caso que investigaba, debido a la complejidad de los procesos».

El miércoles 17 de enero, día de su muerte, la víctima aseguró no necesitar escolta, lo cual fue confirmado por su esposa, quien explicó que él fue llamado de urgencia para trasladarse a un punto antes de ser acribillado a balazos.

Un familiar del fiscal manifestó a la prensa que «lo han vendido», porque -en su opinión- lo hicieron salir de su casa con una llamada aparentemente inesperada.

En la mañana de este jueves, la Policía reveló que detuvo a dos sospechosos e informó que en el lugar del crimen se encontraron 18 indicios balísticos, 12 de ellos correspondientes a armas largas y seis a armas cortas.

Se presume que el grupo terrorista responsable del asesinato sería Los Chonekiller, organización catalogada como terrorista en esta nación sudamericana, y se espera la detención de otros dos sospechosos.

Los primeros dos detenidos ya recibieron orden de prisión preventiva. Suárez tuvo un rol decisivo en casos claves, como investigaciones por corrupción en hospitales públicos que involucraron a Daniel Salcedo, extraditado la víspera desde Panamá.

Luego del asalto armado al canal TC Televisión ocurrido el pasado martes 9 de enero, Suárez tomó el proceso por terrorismo contra los 11 detenidos de este hecho que resultó la antesala para la declaración de conflicto armado interno en Ecuador.

A raíz de ese decreto ejecutivo se intensificaron los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que han dejado más de dos mil detenidos, de ellos 158 aprehendidos por delitos asociados al terrorismo.

rgh/avr

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