El mandatario envió la misiva de invitación al Ministerio Público (MP) amparado en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado.
En relación con los aspectos calificados de cruciales, incluyó de primero el “avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Solicitó información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el MP en cumplimiento de las órdenes de la CIDH, “en los cuales se declaró la responsabilidad del Estado por denegación de justicia”.
El segundo asunto guarda relación con “criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa” y requirió un análisis detallado de la política en ese sentido.
Otro tema es la “investigación sobre la compra de vacunas de la Covid-19”, información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de las mismas como pagos de sobornos con fondos del erario.
Además, agregó el jefe de Estado, la falta de planificación para una campaña de inmunización y los retrasos en la entrega del producto, al vulnerar así el derecho a la vida.
En el último exigió “protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH”, detalles respecto de la actuación del MP al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.
El documento del gobernante explicó que con los elementos proporcionados en el informe se girarán instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector de la seguridad y justicia.
Arévalo, tras ganar las elecciones 2023, denunció las investigaciones del MP contra su partido Movimiento Semilla como la punta de lanza de un golpe de Estado en marcha, impulsado por el pacto de corruptos en este país.
En diferentes declaraciones ratificó que solicitaría la renuncia de Porras, algo que durante 106 días consecutivos reclamaron autoridades indígenas plantadas ante la Fiscalía, sin lograr el obejtivo.
EL anterior presidente nacional, ALejandro Giammattei, expresó en varias oportunidades que la Ley le impide remover a Porras de su cargo, como a los otros funcionario del MP.
La situación política generada en este territorio centroamericano -según analistas- fue resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del MP que, con apariencia de legalidad, eran contrarias al bien común.
Entidades sumadas a las protestas desde octubre último calificaron a la fiscal general y a otros de sus subordinados de garantes de la impunidad en Guatemala.
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