Según el presidente de la Cámara baja del Congreso, Martin Menem, el bloque de 38 legisladores de La Libertad Avanza trabaja para lograr los pactos necesarios y tener el martes un dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda.
El viernes, el Gobierno de Javier Milei decidió extender hasta el 15 de febrero las sesiones extraordinarias y, según la agencia de noticias Télam, acelera los contactos con sectores dialoguistas de la oposición para intentar llevar la iniciativa al recinto el jueves, un día después de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.
El paquete de normativas está conformado por más de 600 artículos y establece la emergencia económica, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Señala que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un plazo máximo de dos años y dispone la privatización de empresas y sociedades estatales.
Además, elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; y permite renegociar o rescindir contratos de la administración pública.
También crea un nuevo régimen para la regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social.
Por otra parte, establece que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes”.
Suspende el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses y señala que el Ejecutivo establecerá una fórmula automática de ajuste.
De acuerdo con Télam, Menem, el ministro de Interior Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo se reunieron con diputados de Propuesta Republicana, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Un posible acuerdo incluiría limitar el plazo de vigencia de la emergencia, no aumentar las retenciones a las provincias y eliminar las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria, entre otras reformas.
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