Elaborado por el Social Progress Imperative de Estados Unidos, el documento indicó que en términos de progreso social el país retrocedió en 2023 a su nivel más bajo en los últimos cinco años.
El Salvador es uno de los 61 territorios con una disminución significativa en el sector social en una relación de 170 naciones evaluadas y donde el IPS mide el bienestar de la población más allá del aspecto económico, al combinar indicadores sociales y ambientales.
En sus valoraciones la entidad incluye 50 indicadores compilados en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades.
Entre los aspectos evaluados, lo que experimentó la mayor reducción en 2023 es derechos y voz, donde se mide aspectos como libertad política, protección social y libertad de asociación.
En la valoración, la mayor afectación se reporta en una reducción más significativa en “protección social frente a la arbitrariedad” que puede ser ejercida por el Estado o agente de la sociedad, así como en el indicador de inclusión de grupos minoritarios, según precisiones de Manuel Sánchez Masferrer, coordinador del Centro de Progreso Social (CPS).
En el caso salvadoreño contribuyeron las medidas adoptadas por el gobierno para controlar la inseguridad, principalmente por el régimen de excepción que se encuentra vigente desde marzo de 2022.
No todo fue negativo, pues además de las mejoras en seguridad también se encontraron avances en la cobertura de agua y saneamiento, así como en acceso a la vivienda.
Otra área evaluada y de mal desempeño fue la educación, la cual, puntualizó IPS, se encuentra estancada. No existen mejoras en educación básica, seguimos con los mismos números de cobertura y seguimos teniendo una muy baja calidad de educación, subrayó Sánchez, algo que incide en que el país se encuentre la posición 14 de 18 países en América Latina.
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