El mandatario invitó el pasado viernes 19 mediante una misiva oficial a la jefa del Ministerio Público (MP) para las 10:00, hora local, en base al artículo 134 de la Constitución, el cual establece la coordinación de las labores del Gobierno.
Arévalo, tras ganar las elecciones 2023, denunció las investigaciones de la Fiscalía contra su partido Movimiento Semilla como la punta de lanza de un golpe de Estado en marcha, impulsado por el pacto de corruptos en este país.
En diferentes declaraciones ratificó que solicitaría la renuncia de Porras, algo que durante 106 días consecutivos reclamaron organizaciones originarias plantadas ante la sede del MP, sin lograr el objetivo.
Al preguntársele la víspera durante su visita al suroccidental departamento de Sololá sobre qué ocurriría si Porras no se presentaba a la cita en el Despacho Presidencial, respondió que creía que la fiscal general sí acudiría.
La Alcaldía Indígena de esa demarcación pidió al mandatario que solicite la dimisión de la jefa del MP, una demanda que también le hicieron a Alejandro Giammattei, quien remarcó que la ley se lo impedía.
Las autoridades ancestrales de Nebaj, Chajul y Cotzal, departamento El Quiché, manifestaron este martes indignación porque aún siguen en sus cargos la fiscal general y funcionarios prestos a descarrillar las elecciones.
El presidente de la nación expresó que la reunión sería con carácter privado y en las redes sociales creció el llamado a trasmitirla, “para que todos puedan atestiguar el informe”, coincidieron en subrayar diferentes usuarios.
En relación con los aspectos calificados de cruciales Arévalo solicitó el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reclamó información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el MP en cumplimiento de las órdenes de esa entidad.
El segundo asunto exigió criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa y requirió un análisis detallado de la política en ese sentido.
Otro tema es la investigación sobre la compra de vacunas de la Covid-19, información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de las mismas como pagos de sobornos con fondos del erario.
Además, agregó el jefe de Estado, la falta de planificación para una campaña de inmunización y los retrasos en la entrega del producto, al vulnerar así el derecho a la vida.
En el último instó a describir el “protocolo de actuación ante medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La carta de Arévalo enfatizó en que con los elementos proporcionados se girarán instrucciones a los funcionarios del Ejecutivo que colaborarán con la seguridad y justicia.
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