Según el rotativo, los expertos en Libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, y en Situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, solicitaron al presidente Javier Milei revisar las medidas por sus implicaciones para los ciudadanos.
En un documento publicado recientemente, los representantes de la ONU consideran que el protocolo y la llamada Ley Ómmibus son incompatibles con las normas internacionales e imponen restricciones indebidas.
Solicitamos al Gobierno que garantice una revisión en coordinación y cooperación con organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales. Para este ejercicio se debe tener en cuenta toda la gama de obligaciones que el Estado asumió al ratificar los distintos tratados internacionales, indica el texto.
También nos gustaría confirmar nuestra disponibilidad para proporcionar cualquier tipo de asistencia técnica, añade.
Los relatores advierten que en Argentina se podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”.
Además, cuestionan la intervención injustificada de la policía para restringir la libertad de reunión, expresión y circulación.
“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mismo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, aseveraron.
Por otra parte, considera discriminatoria la decisión de reportar ante Migraciones a los extranjeros que participen en las protestas.
“Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, señala el texto.
rgh/gas
