Tras el ingreso de la iniciativa a la Secretaría del Legislativo, esta avanzó en la cuarta sesión plenaria y corresponderá al ente encargado emitir un dictamen en los próximos días, que luego sería objeto de discusión por los diputados.
La propuesta, de acuerdo con medios locales de prensa, plantea en el Artículo 14 que el mandatario podrá destituir a la fiscal general por causa justificada debidamente establecida.
Entre ellas, incluyó, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, aparte de que en el ejercicio de su cargo o a través de sus instancias, atente contra orden constitucional o cause ingobernabilidad.
Además, cuando atente al sistema político y económico nacional, al Estado de Derecho, la independencia de poderes y rechazo social.
Sumó también que la población guatemalteca tendrá la potestad de solicitar al jefe de Estado la destitución de la fiscal general, siempre y cuando reúnan cinco mil firmas de rechazo.
El presidente Bernardo Arévalo afirmó el pasado lunes que identificaron una negativa de la también jefa del Ministerio Público (MP) Consuelo Porras a actuar conforme a la Ley y analiza las opciones que corresponden.
En conferencia de prensa, el mandatario explicó el objetivo de la invitación cursada para ese día a la titular, “establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno”, subrayó.
Porras atendió la propuesta que le realizara Arévalo y asistió a la reunión del Consejo de Ministros programada, pero salió al argumentar motivos legales.
Esta constituyó la segunda cita del presidente a la fiscal y para la primera le pidió responder cuatro temas, los cuales, tras ampliar sobre su inasistencia, respondió mediante un oficio firmado por un empleado del ente investigativo.
En una última maniobra, Porras propuso al mandatario una reunión de trabajo el día 7 de febrero.
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el Organismo Ejecutivo realiza un análisis jurídico a la invitación.
Arévalo, luego de ganar las elecciones 2023, denunció las investigaciones del MP contra su partido Movimiento Semilla como la punta de lanza de un golpe de Estado en marcha, impulsado «por el pacto de corruptos en Guatemala», afirmó.
Analistas políticos dieron la bienvenida a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del MP, mientras usuarios en las redes sociales consideraron urgente apoyarla y otros llamaron a someter el tema a consulta popular.
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