Ante la negativa de los independentistas de Junts por Cataluña de aceptar la iniciativa, sin tomar en cuenta sus enmiendas, el texto no pasó el tamiz del Congreso de Diputados y al Ejecutivo, muy tocado con el asunto, no le queda otra que negociar nuevamente en la Comisión de Justicia.
La Cámara Baja informó que la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización en Cataluña, con 171 votos a favor y 179 en contra, no logró la mayoría absoluta requerida (176 sufragios positivos), por lo cual tendrá un mes para volver a ser presentada.
Junts, agrupación separatista que encabeza Carles Puigdemont, prófugo de la justicia y radicado en Bélgica, justificó la negativa de sus votos al no obtener nuevas concesiones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Aunque la administración que lidera el presidente Pedro Sánchez trató de minimizar lo ocurrido, el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que es incomprensible la postura de Junts, alineada con la derecha y la ultraderecha.
El conservador Partido Popular (PP) no perdió la oportunidad para desbarrar aún más de Sánchez y su equipo, y una de sus figuras, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmó que con “una derrota de este calibre hace dimitir a un gobierno en una democracia normal”.
Sin embargo, el PSOE indicó que seguirá adelante con la iniciativa, aunque en esta ocasión se mostró más prudente en torno a nuevos con Junts por Cataluña.
El diputado de Junts, Josep María Cervera, declaró que la idea es conseguir una ley integral de aplicación ‘inmediata’ que incluya el caso Tsunami Democràtic y el de los Comités de Defensa de la República.
Son asuntos que vinculan directamente a Puigdemont, pero además la postura de un aliado habitual de Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña, también quiere algunas concesiones.
El caso Tsunami gira en torno a los disturbios del otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del ‘procés’ (a los implicados en los intentos de secesión de Cataluña), y afecta al expresidente Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana (también independentista), Marta Rovira.
Las últimas noticias señalan que a priori el Tribunal Supremo quiere proseguir las pesquisas para determinar si asume la investigación por delitos de terrorismo.
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