A través de su cuenta X, antes Twitter, el jefe de la diplomacia bolivariana afirmo que “¡con la unidad latinoamericana venceremos!”.
Gil aludió a la carta firmada por el secretario general del MIU, Miguel Mejía, en la cual expresaron su rechazo a la declaración conjunta firmada por su país, Costa Rica y Ecuador contra Venezuela.
El texto manifestó que la suscripción del gobierno dominicano, conjuntamente con Costa Rica y Ecuador, de ese documento sobre el tema venezolano, no es más que “una injerencia que no representa el sentir del pueblo dominicano”.
Ello sitúa al Ejecutivo del presidente Luis Abinader como un instrumento más de las fuerzas de choque que utiliza Estados Unidos contra naciones como “Venezuela, Cuba, Nicaragua y todas aquellas que no se someten a su dictamen”.
La llamada Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) -integrada por Dominicana, Costa Rica y Ecuador, subrayó “no es más que una célula imperial”, utilizada como fuerza de choque contra las naciones que lograron su independencia y no se someten al tutelaje de los países hegemónicos, imperiales e injerencistas.
Remarcó que la ADD “no es más que una comparsa”, sin autonomía propia, al servicio de esas naciones que auspician el terrorismo económico y militar contra todos aquellos que no se someten a sus caprichos e intereses.
El Movimiento Izquierda Unida expresó que “siempre hemos creído en los procesos de integración” como forma de encarar, de manera conjunta, los grandes retos y desafíos que impone el mundo de hoy, sobre todo a los países pequeños, pobres y dependientes.
En procura, dijo, de buscar fórmulas de soluciones viables y convenientes desde “una óptica unitaria” en la diversidad frente a las grandes naciones.
El respeto al derecho soberano de las naciones es un principio universal que no debe ser vulnerado por mero capricho ni recetas foráneas, afirmó.
La denuncia del MIU salió a la luz en medio de las más recientes amenazas de Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana de aplicar nuevas sanciones a la nación sudamericana y revertir las licencias limitadas otorgadas el pasado año a sectores estratégicos como el petróleo, gas y el oro.
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