Un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (CIEN) reveló además que les cobran entre 50 mil quetzales (poco más de seis mil 400 dólares y 500 mil (alrededor de 64 mil dólares).
El 50 por ciento de los encuestados –añadió el texto- coincidió en que las extorsiones aumentaron un 10 por ciento en 2022, situación que se mantuvo en el último período anual, especialmente en la región metropolitana y el sur del país.
El director de la Cgab, Luis Mazariegos, explicó que en el caso de alimentos y bebidas el flagelo se presenta de acuerdo con el área geográfica en la cual se mueven los colaboradores de las empresas.
Deben pagar para poder operar, además cuotas diarias por “derecho de paso” para distribuir el producto y si no atentan contra los empleados, profundizó el funcionario, quien sumó una cuota “corporativa” (por empresa).
Ocho departamentos registraron una tasa mayor a 100 extorsiones por cada 100 mil habitantes, mientras las más altas se concentraron en Guatemala (258,3); Sacatepéquez (214,2); y Escuintla (174.2), según las estadísticas del Cien.
“Es un delito muy perverso. Esperamos que las autoridades actuales actúen para mitigar este gran problema”, señaló Mazariegos, citado por el diario Prensa Libre.
El Cien recomendó al gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, promover campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o coautores de una extorsión.
Aparte, mejorar el control en las cárceles e implementar una reforma penitenciaria a largo plazo, así como lograr una coordinación efectiva con las empresas de telefonía.
Sugirió asimismo intensificar los vínculos con el sector bancario para una mejor persecución penal y evaluar otras estrategias para judicializar los casos de extorsión que causan dificultades de investigación.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, resaltó días atrás que la extorsión es un problema que afecta a grandes empresas y vecinos de todo este territorio centroamericano.
Afirmó que desde las cárceles es donde se ordenan estas operaciones, razón por la cual comenzaron operativos en los centros penitenciarios con el objetivo de combatir el fenómeno.
Analistas advirtieron que se trata de un delito que se comete con bastante facilidad y no requiere de una estructura formal, al tiempo que enfatizaron en las afectaciones al patrimonio y, puntualmente, las sicológicas a las víctimas.
jha/znc
