El organismo tiene su base legal en la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque fue modificado en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos.
Lo integran los más altos representantes de los tres poderes del Estado, más los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y la Contraloría General de la Nación.
Boric también invitó en esta ocasión al director de la Policía de Investigaciones, las ministras del Interior y Defensa y a los secretarios de ambas carteras.
El objetivo, dijo el presidente al finalizar la reunión, fue establecer tareas concretas encaminadas a cerrar brechas en materia de seguridad y mejorar el combate al delito.
No vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente y se consolide en nuestro país, afirmó.
Agregó que este lunes se dio un paso muy importante, como fue convertir una estrategia del gobierno en una responsabilidad del Estado con todas sus instituciones y la sociedad, para enfrentar de manera conjunta a la delincuencia y recuperar la tranquilidad.
Debemos lograr, añadió, que las personas puedan vivir alejadas de la violencia, recuperar los espacios públicos y que puedan jugar con sus hijos sin ser víctimas de una bala perdida, un asalto o quedar en medio de un enfrentamiento de bandas rivales.
El presidente Boric también se refirió al papel de las Fuerzas Armadas para que, en circunstancias excepcionales, puedan proteger el perímetro de la denominada infraestructura crítica, como se denominan los centros donde se ofrecen servicios esenciales a la población.
De esta manera, puntualizó, permitirían a Carabineros, que tienen el entrenamiento y las facultades para abordar los desafíos de orden público, enfocarse en todas las tareas de seguridad en los barrios y las calles.
Además de lo discutido en el Cosena, el jefe de La Moneda informó que hay otras dimensiones de la lucha contra la delincuencia, como la inteligencia para desarticular las bandas, fortalecer las policías y mejorar la protección de los puertos y las fronteras.
Mientras, la ministra del Interior Carolina Tohá se refirió a tres puntos fundamentales respecto al papel de las Fuerzas Armadas en la protección de los perímetros de infraestructura crítica.
Lo primero, dijo, será establecer exactamente cuáles son los límites de su función; en segundo término, quién está al mando y toma las decisiones; y tercero, dejar claras las reglas legales del eventual uso de la fuerza.
Con anterioridad la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, expresó su preocupación por el uso del ejército en labores internas de seguridad.
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