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Ley y política, clave de crisis polaca

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Varsovia, 6 feb (Prensa Latina) La crisis interna polaca pasa por valoraciones de decisiones políticas y judiciales, en medio de un cambio de gobierno, después de ocho años de control del poder del ultraderechista partido Ley y Justicia (PiS).

Tras las elecciones de octubre pasado, en la Unión Europea (UE) hubo mucha esperanza sobre un cambio de rumbo de esta nación.

Polonia, aunque en su momento fue uno de los mayores promotores en la UE del rearme de Ucrania, se había convertido en firme opositor a la entrada de los productos agrícolas ucranianos a la región, de lo cual el PiS era considerado responsable directo.

Sin embargo, la llegada al poder del liberal Donald Tusk, quien en su momento dirigió la Comisión Europea, para nada significó algún tipo de estabilidad para esta nación, pues desde el mismo momento de la formación de una mayoría de gobierno se auguraba la contrario.

El PiS de Jaroslaw Kaczynski se propuso acelerar su regreso al poder y para ello comenzó maniobras contra el recién estrenado gabinete, con protestas en las calles por diversos motivos hasta llegar a la crisis política interna que vive ahora el país.

Así, el detonante del diferendo interno atañe a los diputados del PiS, el exministro del Interior Mariusz Kaminski y el exvicetitular del Interior Maciej Wasik, ambos acusados en su momento de abuso de poder y suspendidos de ocupar puestos políticos por cinco años.

En 2015, el presidente Andrzej Duda, quien en su momento perteneció al partido de Kaczynski, decretó un indulto para Kaminski y Wasik, cuando la referida formación llegó al poder, destacó el canal Telewizja Polsat.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, a donde la prensa local considera no llegó la influencia del PiS, decretó en diciembre de 2023 la necesidad de revisar el mencionado indulto para luego reafirmar las sentencias contra los citados parlamentarios.

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional, con muchos de sus miembros designados por el anterior gobierno, ratificó la validez del mencionado perdón presidencial.

Pero Kaminsky se negó a acatar el dictamen judicial y anunció que mantendría su participación en las sesiones del Parlamento (Sejm). Tras lo cual se refugió, junto a Wasik, en la residencia presidencial, frente a la que se apostaron cientos de seguidores de su partido.

Sin embargo, una vez que el jefe de Estado salió de sus aposentos, la policía ingresó al inmueble y apresó a los diputados condenados.

Para el mandatario polaco, la actuación policial constituye una amenaza absoluta a la ley y la Constitución.

El jefe de Estado pretende, incluso, informar a instituciones internacionales de que “Polonia enfrenta violaciones de la ley y la Constitución por parte del poder ejecutivo”.

De su lado, Tusk exhortó a Duda a evitar el sabotaje a la justicia. El delito de protección de delincuentes puede ser castigado con penas de hasta cinco años de cárcel, advirtió.

Lo cierto es que al diferendo entre la presidencia y el ejecutivo se suman otras malas noticias para la alianza gubernamental, comandada por la Plataforma Cívica, pues el legislativo se convierte en otro terreno de disputas. El presidente del Sejm, Szymon Holownia, suspendió los trabajos de ese órgano y postergó las plenarias hasta tanto no aplaque la crisis. Pero el asunto es que el Gobierno esta presionado con el calendario para aprobar los presupuestos generales de 2024, afirman analistas.

Tusk necesita de la aprobación de los citados presupuestos en el plazo de un mes, pues en caso de ser rechazados, el Presidente tendrá la potestad de convocar nuevas elecciones, algo que el PiS parece esperar con ansias.

Así, el ejecutivo y la presidencia se enfrascan en una nueva crisis que podría poner a este estado de unos 40 millones de habitantes ante la opción de regresar a las urnas, mientras agricultores y otros empleados buscan soluciones para sus problemas socioeconómicos.

mem/to

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