Ninguno de los políticos que incurrieron en esa irregularidad durante los últimos 10 años fue sancionado desde su promulgación en 2014, añadió el diario, que considera inoperante esa legislación y remite en su lugar a la iniciativa popular “Chau nepotismo”.
La publicación asegura que ese nuevo proyecto de ley, cuya campaña ya está cerca de las 48 mil 321 firmas exigidas por el Congreso para tratarla, modifica el texto actual con la eliminación de sus vacíos legales “y condena los hechos fehacientemente comprobados”.
«Los escandalosos salarios y la «repartija» de cargos para parientes de legisladores y de otras autoridades –comenta el periódico- trajeron de nuevo al tapete el tradicional nepotismo dentro de la función pública, uno de los ejes históricos de la corrupción sistémica que afecta a Paraguay”.
Según la publicación, la presente Ley 5295 considera que existe ese delito cuando alguien facultado nombra en cargos públicos a cónyuges o parientes, “pero la artimaña de las autoridades actuales es usar a un correligionario para firmar los contratos”.
Legisladores y altos funcionarios se escudan en ese mecanismo para ocultar que fueron ellos quienes contrataron de forma directa a sus familiares, puntualiza el medio impreso.
“Chau nepotismo busca cerrar todas las puertas al nepotismo, a diferencia de la ley vigente, que permite evadir abiertamente las responsabilidades”, afirma la cruzada de recolección de firmas que respalda la iniciativa mediante la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Los proyectistas de esta nueva propuesta -explica Última Hora- proponen sanciones de hasta cinco años de prisión para las personas involucradas en casos de nepotismo, en un texto «que no deja dudas en la interpretación de los actos que integran ese delito”.
El grupo de proponentes lo integran Robert Cano, exviceministro de Educación; Estefanía Careaga, abogada y docente; Adolf Sauer, sociólogo; Soledad Núñez, exministra de Vivienda; Raúl Ayala, exsenador; Maximiliano Urbieta, abogado; y María Esther Roa, también letrada y activista anticorrupción.
La iniciativa –recordaron dichas personalidades- partió del escándalo tras denuncias durante las últimas semanas de diciembre contra legisladores y funcionarios del Estado que nombraron a familiares suyos en distintos cargos administrativos dentro del Parlamento.
Los defensores del proyecto argumentan el “hartazgo ciudadano” ante las escandalosas prácticas de nepotismo en el Congreso, donde “los hijos del poder” acceden a cargos –afirmaron- y a inexplicables salarios bajo el título de “cargo de confianza”.
La Cámara de Senadores anunció que tratará en una sesión el próximo 15 de febrero las modificaciones a la mencionada ley, impulsadas por el legislador oficialista Basilio Núñez.
El actual escándalo por esas prácticas estalló a fines de 2023 con los casos de los hijos del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, “contratados en situación de privilegio”, de acuerdo con Última Hora.
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