En un post anoche en su cuenta X, el también presidente de Conviasa reveló algunos de los procedimientos utilizados por la tripulación que trasladó la aeronave de Argentina a la ciudad de Miami, en violación a varios de los artículos del Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago 1944).
El Gobierno de USA y de Argentina perpetraron el robo del avión de EMTRASUR, violando el Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) en sus Artículos: 3, 4, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 81, 84. Apalancaron la decisión, a través de un Acuerdo de Ayuda… pic.twitter.com/fpp2pW4eaG
— Ramón Celestino Velásquez Araguayán (@rvaraguayan) February 13, 2024
Para burlar la soberanía de los países que sobrevolaron, indicó, omitieron datos del avión en el plan de vuelo, le dieron la connotación de vuelo de Estado Militar (Tyson23) y apagaron de forma intermitente el Transpondedor.
Subrayó que despegaron de Argentina a media noche, “para ocultarse en la oscuridad como delincuentes cuando perpetran un delito”.
Velázquez remarcó que los gobiernos de Estados Unidos y Argentina perpetraron el robo de la aeronave con matrícula YV3531, en violación a los artículos tres, cuatro, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 81, 84 del Convenio de Aviación Civil.
Señaló que apalancaron la decisión a través de un Acuerdo de Ayuda Recíproca Penal firmado en 1991 entre Washington y Buenos Aires, el cual no aplica; “ya que la causa seguida en los tribunales de Estados Unidos y Argentina no es penal”.
“¡La justicia llegará para Venezuela y venceremos!”, afirmó.
La República Bolivariana aseguró ayer en un comunicado que dará una “respuesta contundente, directa y proporcionada” al robo del avión de Emtrasur, consumado la víspera por la confabulación de esos dos países.
El acto de piratería recibió el rechazo categórico del Gobierno venezolano, el cual denunció que de «manera artera» violaron las normas que regulan la aeronáutica civil.
Así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a Emtrasur, los cuales ponen en “riesgo la seguridad aeronáutica en la región”, añadió.
El Gobierno bolivariano calificó la acción de “vergonzosa operación de rapacería”, la cual se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de Venezuela, por más de una década desde Estados Unidos.
Denunció que estas incluyen el secuestro de activos, como la empresa Citgo Petroleum Corporation, y la aplicación de más de 930 sanciones ilegales, en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio estadounidense contra la nación sudamericana.
La nota enfatizó que “Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque”, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el derecho internacional.
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