En la sesión ordinaria de este jueves, los parlamentarios repudiaron a través del proyecto de acuerdo las acciones emprendidas contra personal del cuerpo diplomático en Buenos Aires y expresaron su apoyo, así como a las acciones legales emprendidas por el Estado bolivariano para la devolución del Boeing 747-300.
Al presentar el documento, la legisladora Blanca Eekhout manifestó que los diputados apoyan toda la lucha del Gobierno por condenar y pedir que “se sancione este crimen contra Venezuela” y sea devuelta la aeronave de Emtrasur.
#15Feb || Queda aprobado por unanimidad el Proyecto de Acuerdo en repudio al infame robo de la aeronave perteneciente a la empresa estatal venezolana Transporte Aerocargo del Sur, por parte del gobierno de los EEUU con la participación del Gobierno de la República de Argentina. pic.twitter.com/8vQcNBkM1S
— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) February 15, 2024
Afirmó que hoy están ante “un acto de robo, de piratería y de violación de la soberanía” y pidió a sus colegas trasladar este mensaje a los parlamentos del mundo para que conozcan de esta situación “controlada por piratas”.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, comentó sobre el valor de la aeronave, un activo que, dijo, representa 83 millones de dólares para el país, y su robo reduce, además, la capacidad operativa de Venezuela como parte de la estrategia imperialista de Estados Unidos.
Refirió que este avión se utilizaba para trasladar alimentos, medicinas, insumos médicos y piezas de repuesto para los servicios públicos y la industria petrolera nacional.
Infante apuntó que la aeronave de matrícula YV-3531 era uno de los 57 aviones que están sancionados por las medidas coercitivas unilaterales contra el país.
El Gobierno venezolano aseguró el pasado lunes que dará una respuesta contundente, directa y proporcionada al robo del avión de Emtrasur, que se materializó en la madrugada del 12 de febrero.
La acción de piratería de ambos gobiernos recibió el rechazo categórico de la República Bolivariana a través de un comunicado, que denunció que de «manera artera» violaron las normas que regulan la aeronáutica civil.
Así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, los cuales ponen en “riesgo la seguridad aeronáutica en la región”, añadió.
El Gobierno bolivariano calificó la acción de “vergonzosa operación de rapacería”, la cual se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de Venezuela, por más de una década desde Estados Unidos.
También el ministro para el Transporte bolivariano, Ramón Velázquez, tildó de delincuente el proceder utilizado para perpetrar el robo del aparato.
El también presidente de Conviasa reveló algunos de los procedimientos utilizados por la tripulación que trasladó la aeronave de Argentina a la ciudad de Miami, en violación de varios de los artículos del Convenio de Aviación Civil Internacional.
Para burlar la soberanía de los países que sobrevolaron, omitieron datos del avión en el plan de vuelo, le dieron la connotación de vuelo de Estado Militar (Tyson23) y apagaron de forma intermitente el Transpondedor, indicó.
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