En conferencia de prensa, el también diputado del partido Azul reveló el alza en las plazas de hasta 425 por ciento en las dos anteriores legislaturas, en tanto, solo el último año contrataron 400 ciudadanos como administrativos.
Algunos de los cuales, 45, aspiraron a puestos políticos en las elecciones, razón por la cual señaló que solicitaron a la Contraloría General de Cuentas una auditoría para la presentación de las denuncias respectivas, apuntó.
Ramos relacionó esos casos con la presidencia de Vamos, mientras la suma en salarios pagados superó los 11 millones de quetzales (casi 1,5 millones de dólares), con montos desde mil 500 mensuales (poco más de 192 dólares) hasta 15 mil quetzales (cerca de dos mil dólares).
Precisó que el mayor aumento se produjo en 2020 y 2021, durante los dos años en los que el diputado de esa agrupación política Allan Rodríguez encabezara el Hemiciclo.
Al ser cuestionado sobre el tema, el ahora jefe del bloque Vamos recordó que entonces vivieron el punto más álgido de la pandemia de la Covid-19.
Fue necesario -alegó- contratar más empleados para sustituir a quienes no llegaban al Legislativo por incluirse entre los grupos de riesgo.
El objetivo es dejar únicamente los espacios que verdaderamente sean útiles, afirmó Ramos a partir de los datos proporcionados por el departamento de Recursos Humanos.
Mencionó la existencia de unas 180 personas, cuya contratación se aprobó antes de que finalizara la IX Legislatura en enero pasado.
Aunque –acotó- respetaremos ese proceso y laborarán durante tres meses, tal como fue autorizado en su momento y establece la Ley.
Analistas políticos consideraron delitos estos actos, que no solo abarcaban plazas fraudulentas en el Congreso, sino además en distintos Ministerios del país.
Instaron a modificar la Ley Orgánica del Parlamento y la de Servicio Civil para que nunca más se dé tal situación, a partir de ponerle candados y límites a esas contrataciones.
Entre los principales logros del primer mes del nuevo Gobierno, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó la eliminación de al menos 878 plazas “fantasmas”, sin justificación, o por vínculos con la corrupción en varias carteras.
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