Descollaron también en el ámbito noticioso la denuncia del robo del avión de Emtrasur, la privación de libertad a Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la Fiscalía General y el cierre de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos abierta en Caracas en 2019.
Alrededor de 10 encuentros con sectores de la vida social y política de la nación se celebraron hasta el momento en el Palacio Federal Legislativo, presididos por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (parlamento), convocantes de estos diálogos y debates.
Estas reuniones surgieron a raíz de las nuevas amenazas y ultimátum del Gobierno de Estados Unidos al país bolivariano como la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de Barbados, en el sentido de habilitar a la opositora y candidata electoral presidencial María Corina Machado.
La fecha límite fijada por Washington para su materialización es hasta abril venidero o de lo contrario serían revocadas las limitadas licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense a finales del año pasado en sectores estratégicos como el petróleo y el gas, entre otros.
A modo de dar veracidad a sus intenciones, la OFAC modificó la Licencia 43 del 18 de octubre de 2023 que otorgaba permisos de operaciones a la Compañía General de Minería, para realizar transacciones de la producción y comercialización de oro.
Una segunda reunión con 41 organizaciones políticas, el 97 por ciento del espectro político nacional, se concretó esta semana como parte del proceso que el titular del parlamento, Jorge Rodríguez, calificó de “muy dinámico y está avanzando aceleradamente”.
De estos encuentros, que marcan la pauta, hubo pronunciamientos como el de buscar la forma que “haya igualdad de oportunidades de participación” en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales de las distintas ofertas políticas que se susciten para la elección presidencial.
Rodríguez expresó que evalúan cuál puede ser el alcance legal a los efectos de que las campañas electorales “puedan recibir algún tipo de financiamiento por parte del Estado”, y puntualizó que “son elementos a considerar”.
Un componente de consenso de las reuniones con políticos, trabajadores, empresarios, religiosos, académicos, es la coincidencia de respetar tres principios fundamentales: el respeto a la elección en sí misma, al calendario electoral que aprobará el CNE y las garantías electorales.
Otro criterio unificado es el rechazo a la intromisión e injerencia extranjera en el proceso electoral, que será el número 31 desde la llegada de la Revolución bolivariana hace 25 años.
Después de los aportes y correcciones pertinentes aportados por cada sector, está previsto en los próximos días todos los involucrados firmen el documento base que será llevado ante el Consejo Nacional Electoral, a los efectos de que sea quien convoque a las presidenciales y elabore el cronograma correspondiente.
La concreción del robo del avión de la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (Emtrasur) por Estados Unidos con la complicidad del Gobierno de Argentina, recibió la respuesta de las autoridades bolivarianas que tildaron el proceder de delincuente y “vergonzosa operación de rapacería”.
El ministro para el Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, denunció que los gobiernos de Estados Unidos y Argentina perpetraron el robo de la aeronave con matrícula YV3531, en violación a los artículos tres, cuatro, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 81, 84 del Convenio de Aviación Civil.
“Venezuela libre y soberana dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque”, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el derecho internacional, indicó un comunicado de la Cancillería.
Sobresalió en estos últimos siete días, además, el proceso judicial seguido a la ciudadana venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por estar implicada en la operación conspirativa denominada Brazalete Blanco, que tenía por objetivo atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Su detección desencadenó una campaña desde el exterior que fue calificada por el fiscal general Tarek William Saab “de feroz”, y se le imputa por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Su misión era “comunicar en tiempo real” los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando, y se le asocia también con campañas de descrédito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Estados Unidos y Europa, dijo Saab.
rgh/jcd
