La portavoz de la Cancillería, Mao Ning, instó al gobierno nipón a responder a las preocupaciones internacionales con seriedad y disponer de manera responsable del líquido contaminado por la radiación nuclear de Fukushima.
La vocera reiteró que el plan de esa nación asiática de liberar esta agua al océano «afecta la salud de toda la humanidad, al entorno marino global y al interés público internacional».
«Las medidas de precaución tomadas por China y algunos otros países en respuesta a la acción de Japón tienen como objetivo proteger la seguridad alimentaria» y son «totalmente legítimas, razonables y necesarias», agregó.
Para Beijing, que siempre ha puesto en duda la factibilidad del plan nipón, un acuerdo internacional de monitoreo independiente debe contar con la participación de los países vecinos y otras partes interesadas, «a fin de evitar consecuencias irrevocables derivadas de la descarga oceánica».
Esta semana se cumplen seis meses de la decisión china de suspender todas las importaciones de productos acuáticos provenientes de Japón.
La AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) dio el visto bueno a la propuesta de Tokyo para desechar el líquido residual, indicó que cumple con los estándares internacionales y no representa riesgo para la salud.
Como respuesta, la Administración de Seguridad Nuclear de China lamentó la decisión y acotó que existen problemas con la legitimidad del vertimiento al mar, la confiabilidad en el sistema japonés de purificación y su plan de monitoreo.
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