La pesquisa se abrió en agosto, después que Bolsonaro revelara en redes sociales la totalidad de una indagación de la PF sobre un aparente ataque en 2018 al sistema interno del Tribunal Superior Electoral y que, según la propia corte, no supuso ningún riesgo para las elecciones.
Responsable del caso, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, solicitó a la Fiscalía Federal que se pronunciara sobre la ampliación del plazo.
Para el juez, ‘las evidencias de la existencia de información clasificada o reservada para los sistemas informáticos del TSE en los registros de la investigación policial fueron debidamente destacadas en esta noticia-crédito, para demostrar que los datos nunca podrían ser divulgados sin la debida autorización judicial’.
Se valora que la conducta del presidente y del diputado Filipe Barros puede encuadrarse en el apartado del Código Penal que trata como delito ‘divulgar, sin causa justificada, información confidencial o reservada, tal y como la define la ley’.
El portal de noticias G1 asegura que, en la petición al Supremo, la fuerza del orden argumenta que la extensión del término resulta necesaria ‘considerando la expiración del plazo de permanencia del presente proceso en sede policial y resulta necesario proseguir con la investigación’.
Con este frente de indagación, Bolsonaro es blanco de cuatro investigaciones en el Supremo.
Primeramente, por su supuesta injerencia en la autonomía de la PF; la presunta prevaricación en relación con denuncias de irregularidades en la compra de la vacuna india antiCovid-19 Covaxin; la relacionada con sus ataques a las urnas y esta sobre filtración de la exploración secreta policial.
La pena en esta causa es de uno a cuatro años de prisión. Para la corte, el excapitán del Ejército puede tener una conexión con las acciones de la milicia digital investigada en la causa sobre noticias falsas.
acl/ocs
