Políticos, legisladores, académicos, investigadores, entre otros, denunciaron las pretensiones de la oposición de perturbar el orden constitucional y tirar un manto sobre los culpables del golpe de estado de 2019, en el momento en que la justicia prosigue sus investigaciones.
El lunes el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el excandidato presidencial Carlos Mesa y el expresidente Jorge Fernando Quiroga, promovieron para el 10 de octubre movilizaciones y al día siguiente un paro nacional contra el Gobierno de Luis Arce.
Para el director del Centro de Investigaciones Sociales, Jiovanny Samanamud, la oposición pretende reposicionarse después de la derrota electoral de octubre de 2020 y para ello intenta polarizar el escenario político con movilizaciones y un paro nacional.
El especialista aseguró que no existe polarización y el intento ‘más bien político’ de la derecha lo que pretende hacer es polarizar.
Señaló que hay una ‘descoordinación y desconfiguración del bloque de la derecha’ después de lo ocurrido el pasado año con el triunfo del Movimiento Al Socialismo.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, declaró por su parte que los organizadores de la medida de fuerza buscan promover la impunidad de quienes cometieron sedición, violentaron los derechos humanos y el erario público.
Las declaraciones públicas de los opositores ratifican que en 2019 no hubo sucesión constitucional sino un golpe ilícito contra la Constitución, y lo visto no necesita de mayor indagación, ‘simplemente poner sobre la mesa esos actos’ para que la justica pueda actuar, enfatizó.
Al referirse al paro, el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, dijo que este perjudica al pueblo que tiene derecho y necesidad de trabajar, y calificó los planes opositores del domingo y lunes próximos de ‘acciones políticas irresponsables’.
El debate político e ideológico debe servir para mejorar las condiciones de vida del pueblo y no para destruir su economía, expresó el líder boliviano.
En respuesta a los planes opositores, varios sectores del gremio trabajador rechazaron el llamado como el Sindicato de Transportistas de Santa Cruz, que denunció presiones de políticos afines al paro, y la Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto.
Esta última, que agrupa a 70 organizaciones, se declaró en estado de emergencia ante las amenazas desestabilizadoras y calificó de medida ‘política y antipueblo’ el anuncio de la derecha.
En medio de la puja, el gobierno desnudó esta semana el mal manejo de los informes estadísticos del gobierno golpista de Jeanine Áñez en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dejó en evidencia las irregularidades del anterior gobierno.
Mientras, en un discurso en la Cumbre Departamental para la Reconstrucción Económica y Productiva de La Paz, el presidente Luis Arce destacó los resultados de su Gobierno desde noviembre del pasado año con la implementación de medidas a favor del pueblo.
El mandatario elogió la evolución de la economía en poco tiempo y reconoció avances en sectores como la salud y la educación.
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