Ambos están siendo investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos, ‘en perjuicio del estado y la sociedad nicaragüense’, precisó el cuerpo uniformado a través de una nota de prensa.
Sobre los dos principales dirigentes de la patronal nicaragüense pesan además las imputaciones de ‘realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares’.
Además las de ‘organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, así como proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones’.
La Ley (1055) de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la asamblea Nacional (parlamento) el 22 de diciembre de 2020, estableció en su artículo uno las infracciones punibles que amparan la detención de Healy y Lacayo.
Esa norma jurídica establece además como contravenciones los actos de ‘demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación’.
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