En un comunicado, Rodas rechazó, además, las agresiones y restricciones a la labor de los periodistas que dan cobertura al conflicto suscitado por la operación de la mina Fénix en el nororiental municipio, lo cual llevó al Gobierno a decretar un Estado de Sitio desde el pasado domingo para disolver una protesta de las comunidades q’eqchi’.
El derecho al libre acceso a las fuentes de información pública, la libertad de prensa, de emisión del pensamiento y de expresión son fundamentales en una sociedad democrática, recordó.
En ese sentido, el Ombudsman recomendó al presidente Alejandro Giammattei girar instrucciones a los ministros de Estado para garantizar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su función, así como activar su programa de protección.
Rodas confirmó que la Auxiliatura de Izabal abrió expediente, documentó y dio seguimiento en las instancias correspondientes a los casos de presuntas intimidaciones al personal de la radio Xyaab’ Tzuutaq’a, la Defensoría Q’eqchi’ y el acoso de que es víctima el periodista Carlos Ernesto Choc, quien goza de medidas perimetrales de seguridad.
De igual forma, denunció el ataque cibernético contra el medio alternativo Prensa Comunitaria y el allanamiento de la vivienda de su corresponsal Juan B. Xol y de Choc, a quien le incautaron hoy su celular, al igual que al resto de su familia.
El PDH llamó también al Ministro de Gobernación Gendry Reyes a que en toda operación o diligencia, el personal a su mando respete los derechos humanos de los periodistas, así como el libre acceso a las fuentes de información y de libertad de prensa garantizadas por la Constitución.
Asimismo, pidió al Ministerio Público investigar de oficio las denuncias de amenazas, intimidaciones y agresiones derivadas de la medida de excepción aprobada en Consejo de Ministros, tras la intervención de las fuerzas antimotines y del Ejército para disolver a las comunidades en resistencia, el pasado viernes y sábado.
La víspera, el Congreso ratificó el estado de sitio en El Estor con el voto de 85 diputados (se necesitaban 81) y en una única sesión, aunque bancadas opositoras como Winaq, Semilla y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos criticaron al Ejecutivo por el uso de la fuerza como norma para garantizar gobernabilidad en conflictos históricos.
Actualmente el Ministerio de Energía y Minas realiza una preconsulta a los pueblos originarios sobre el proyecto minero Fénix, pero líderes comunitarios y la gremial de pescadores de la zona coinciden en que es un proceso viciado y a favor de la empresa, cuyo cese de operaciones ordenó en 2019 la Corte de Constitucionalidad.
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