Los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) contaron con las alertas del Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (Deter).
Tal método produce señales diarias de los cambios en la cubierta forestal para áreas mayores de tres hectáreas (0,03 km²), en este caso las totalmente deforestadas y las que están en proceso de degradación (por tala, minería, quema y otros).
Según la información registrada, se trata del mayor espacio devastado, que abarca ocho estados, para el mes desde 2016, año en que comenzó la medición.
La marca anterior para octubre fue en 2020, con 836 km² de florestas destruidas.
Corresponde a la Amazonia Legal el 59 por ciento del territorio brasileño y comprende el área de las divisiones de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, así como parte de Maranhão.
El portal de noticias G1 asegura que en la cumbre del clima (COP26), que se celebra en Glasgow (Escocia), Brasil ignoró los registros de devastación y prometió acabar con la deforestación ilegal para 2028.
Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo de la organización no gubernamental (ONG) Observatorio del Clima, los datos demuestran que el Ejecutivo brasileño no tiene intención de cumplir los compromisos firmados en la COP26: «Las emisiones se producen en el suelo de los bosques, no en las sesiones plenarias de Glasgow».
Señaló que, en Glasgow, el Gobierno intenta vender la ilusión de compromiso medioambiental, pero para el mundo, remarcó, «lo importante no son los metros cuadrados del rodal brasileño, sino los kilómetros de bosque que se destruyen cada día».
Observatorio del Clima insiste en que Brasil intenta crear una imagen de país preocupado por la crisis climática, pero en la práctica no es así.
«Bajo presión internacional, firmó acuerdos multilaterales contra la deforestación y las emisiones de metano, ha dejado que sus diplomáticos trabajen de forma constructiva en las negociaciones y montó un gigantesco esquema de propaganda con la ayuda de los lobbies agroindustriales», argumenta la ONG.
Sin embargo, refiere, en casa está el llamado Brasil real, el que desmanteló las políticas de lucha contra la deforestación, la mayor causa de las emisiones de gases de efecto invernadero, el que «ha gastado cientos de millones de reales en operaciones militares inocuas».
El país, subraya, que tiene en «el Congreso al menos cinco proyectos de ley que amnistían el acaparamiento de tierras, acaban con las licencias ambientales y amenazan las tierras indígenas, las barreras más eficaces contra la devastación».
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