Es un absurdo hablar de acuerdo escrito antes de los comicios, expuso de Sousa en alusión a rumores sobre la exigencia de un acuerdo por escrito entre los distintos contendientes para garantizar gobernabilidad después de las elecciones legislativas anticipadas.
Primero el pueblo tiene que escoger, lo contrario no es una norma de la democracia portuguesa, dijo el mandatario durante la clausura del XXXII Congreso Nacional de Hotelería y Turismo, que se celebró en la meridional ciudad de Albufeira.
La declaración del jefe de Estado es la primera referencia al asunto desde el Palacio de Belén (presidencial) ante insistentes rumores en la prensa y en redes sociales de que se prepararía un acuerdo por escrito como exigió su antecesor Aníbal Cavaco Silva, en 2015.
Después que la socialdemocracia venció en coalición con el CDS-Partido Popular (sin mayoría absoluta), Silva pidió por escrito un acuerdo de gobernabilidad a los socialistas, el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista Portugués y a Los Verdes.
De Sousa aclaró que los votantes son libres de elegir, y subrayó que en ocasiones anteriores, bajo ninguna circunstancia, ha exigido pacto por escrito alguno.
Sin embargo, reconoció que los analistas tienen derecho a trazar todos los escenarios posibles.
Al referirse a lo sucedido hace seis años, el dignatario expresó que probablemente se exigió tal requisito toda vez que el partido a formar gobierno fue el más votado y los aliados no formaban habitualmente parte de este.
Probablemente el presidente, al que no mencionó por su nombre, tenía dudas sobre la política exterior, y sobre decisiones en materia económica y financiera, añadió.
En la práctica anterior se dieron casos de acuerdos para negociar presupuestos y no para aceptarlos, explicó el mandatario, para quien las alegaciones no forman parte de una tradición local.
El presidente portugués convocó a elecciones anticipadas luego que el gobernante Partido Socialista quedara solo en el apoyo al plan de presupuesto del Estado para 2022, que fue rechazado por mayoría.
Aunque por ley la desaprobación del presupuesto no supone la caída del gobierno o comicios forzosos, de Sousa pretendía a toda costa la aprobación presupuestaria como vía para recibir los 16 mil 600 millones de euros entre transferencias y préstamos que la Unión Europea (UE) aprobó hasta 2026 como parte de fondos dirigidos a la recuperación económica lusa después de la pandemia de Covid-19.
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