Esta reestructuración constituye una de las iniciativas que ha generado más tiempo de debates en las dos cámaras del Congreso de la República, trifulcas, desencuentros, injerencia abierta de gobiernos como los de España y Estados Unidos, acciones y presiones de poderosas empresas transnacionales, y de políticos derechistas, para seguir siendo objeto de broncas y distanciamientos en tanto su debate no concluirá este año.
Grosso modo, la sustancia del cambio se podría resumir en unos pocos puntos, pero todos de enorme trascendencia: la CFE deja de ser una simple empresa productiva y de servicios para convertirse en un organismo del estado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la electricidad en el sistema, su planeación y control, así como rector del desarrollo sectorial.
Para lograr ese propósito general el gobierno reformará los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y los cambios no estarán sujetos a negociaciones ni tampoco habrá anonimato en las votaciones parlamentarias para su aprobación.
El artículo 25 plantea que el sector público tendrá en exclusiva las áreas estratégicas señaladas en el 28: correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, energía nuclear, electricidad y exploración y extracción del petróleo. La CFE estará a cargo de la transición en materia de electricidad.
Sus empresas de generación, distribución, transmisión, comercialización, y otras, trabajarán interconectadas y existirán, como subsidiarias, sus filiales Telecomunicaciones e Internet para Todos, Energía, CFE Internacional y CFE Capital.
El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a una vida digna.
La reforma cambiará el despacho de la electricidad en favor de la CFE y eliminará el privilegio monopólico privado: primero serán las hidroeléctricas las que suban al sistema nacional su producción por constituir la energía más limpia y barata, aunque así no lo quieran ver las transnacionales.
En segundo lugar, la nuclear, seguida de la geotérmica, las eólica y solar, y finalmente el gas y el carbón, para garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y mantener bajas las tarifas.
El artículo 27 señala, en materia de transición energética, que corresponderá exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer el fluído eléctrico a todo el país.
A su vez, el 28 precisa que la CFE generará como mínimo el 54 por ciento de la electricidad total y los privados el 46 por ciento, para garantizar a todos los mexicanos seguridad energética, y tarifas a un precio por debajo de la inflación, determinado por el sector público y no el privado.
Significa, en consecuencia, que la energía eléctrica en el país vuelve a ser un asunto de seguridad nacional y un derecho humano, como lo concibieron Lázaro Cárdenas y López Mateo con sus nacionalizaciones y refrendado entonces por el pueblo mexicano.
Finalmente, la innovación ampara la propiedad nacional y única del lítio, como se consagra en los artículos 25 y 28 de la propuesta de López Obrador, teniendo en cuenta que es un mineral estratégico en el desarrollo tecnológico del futuro inmediato.
Por lo tanto, no se otorgarán concesiones ni constituirán un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva.
Un artículo transitorio indica que las concesiones mineras em vigor y por las que están explorando o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservarán en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, aclara, no amparan la explotación y producción de litio.
FUERTE OPOSICIÓN A LA REFORMA
Después de analizar los objetivos generales de la reforma eléctrica y la misión de rescatar la soberanía nacional en ese sector y cortar el saqueo de esos recursos por un reducido grupo de empresas extranjeras y nacionales, resulta más fácil entender la férrea oposición a la iniciativa gubernamental por inversionistas y líderes políticos que les entregaron esas riquezas.
La iniciativa ha sido frenada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) casi desde la presentación porque desde el principio se percibió a las claras su sentido nacionalista y patriótico y el papel fundamental en el programa económico de la IV Transformación.
Esa resistencia va más allá de las ambiciones económicas y financieras de las empresas para convertirse en un tema político e incluso ideológico de la mayor trascendencia porque resucita los sentimientos nacionales que el neoliberalismo había sepultado en sus tres décadas de dominio y entreguismo en México.
Esto explica el injerencismo directo de los gobiernos de España y Estados Unidos, y las presiones que ejercen sobre el ejecutivo de López Obrador para mediatizar sus alcances y tratar de desmontar el andamiaje de la IV Transformación, cuyas bases son el fortalecimiento y la defensa de la soberanía y la independencia en las difíciles condiciones que le impone la cercanía de un vecino tan poderoso y agresivo.
(Continuará)
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