El mandatario se mostró esperanzado que el próximo lunes termine el forcejeo judicial, que estuvo a punto de que el presidente del consorcio privatizador canadiense-norteamericano, Wayne Stensby, terminara arrestado por desacato.
Stensby se ha negado durante semanas, mediante maniobras judiciales dilatorias, a entregar documentos relacionados con el manejo del dinero de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Ante esta situación, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia, ordenó el arresto del ejecutivo, quien no parece guardar ningún respeto por la Cámara de Representantes de Puerto Rico, con mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), mientras suma el respaldo del ejecutivo, en control del anexionistas Partido Nuevo Progresista (PNP).
“Esta controversia lleva ya bastante tiempo dilucidándose en los tribunales, pero otra vez, aquí lo importante es que se acate la directriz del juez y evitar el encarcelamiento del presidente de la entidad”, dijo el gobernador Pedro R. Pierluisi en medio de la controversia que dominó el cierre de este semana.
El mandatario, quien dijo no tener pormenores de los salarios de los ejecutivos de LUMA, consideró que lo importante es que el consorcio canadiense-estadounidense haga el trabajo de transmisión y distribución de la AEE.
El diputado Luis Raúl Torres, del PPD, de que el CEO de LUMA no quiere entregar la información para, entre otras cosas, evitar se conozca que ha cobrado alrededor de 1,5 millones de dólares por dirigir el consorcio, mientras una veintena de vicepresidentes reciben sobre 500 mil anuales cada uno.
A la par con las voces que consideran que este acuerdo es lesivo a los intereses del pueblo puertorriqueño, el presidente de Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa, pidió al gobernador Pierluisi cancelarlo.
“El país está a punto de ver cómo arrestan al presidente de una empresa criminal que fue creada para desangrar al pueblo de Puerto Rico y enriquecer a unos pocos”, dijo el veterano dirigente, que ha sido demonizado por sectores del PNP y del PPD por su firme defensa a la corporación pública.
Figueroa destacó en medio del debate público que siempre se ha demostrado que la privatización es la madre de la corrupción y LUMA es evidencia de esto.
A su juicio, que un presidente de una compañía reciba una orden de arresto por negarse a entregar información pública puede dar una idea de la magnitud del robo, corrupción y sabrá dios qué cosas más contienen los documentos.
El dirigente sindical refirió que en el proceso de transición LUMA Energy, que asumió el control el 1 de junio pasado, facturó 168 millones por aprender a administrar y a operar el sistema de transmisión y distribución del país.
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