Así lo anunció el presidente de la república, Guillermo Lasso, tras una reunión con las máximas autoridades del Estado, que acabó con un Acuerdo Nacional para hacer frente a la situación, restablecer el orden en la red de prisiones y combatir al crimen organizado.
«La paz es el valor más esencial que tenemos (…) cuando se ve amenazada el estado debe actuar sin demora y sin temor», afirmó al mandatario en un mensaje a la nación, en el cual anunció las medidas adoptadas en la cita del ejecutivo.
Sus palabras contrastaron con las críticas desde diversos sectores sociales de esta nación andino a la respuesta ofrecida ante el aumento de la violencia al interior de los reclusorios, la cual, para muchos, ha sido escasa e ineficiente.
Tras alrededor de dos meses de frecuentes disturbios en la Penitenciaría el Litoral, donde se registraron las dos mayores masacres en la historia de los centros de rehabilitación, una de las decisiones adoptadas fue entregar al dignatario la coordinación nacional de las fuerzas del orden.
Una masiva operación conjunta entre militares y la policía será uno de los primeros pasos, con más de mil efectivos destinados a asumir el control de las cárceles de Guayaquil, donde permanecerán de manera indefinida, a fin de imponer el orden en los perímetros interno y externo de esas instituciones.
A la par, el Ministerio de Gobierno elaborará un proyecto de ley que tiene el objetivo de reestructurar el sistema de rehabilitación social del país.
Según dijo, la raíz del problema son los jefes de las mafias y los grupos narcodelictivos, por lo cual tipificará el nuevo delito de «autoría por dominio de organización», para sancionar a los jefes de las bandas por los crímenes que ordenen cometer a sus cómplices.
“Los jefes de las mafias no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales”, acotó y agregó que específicamente en la Penitenciaría del Litoral iniciará un proceso de pacificación.
Los anuncios del mandatario se hicieron públicos tras dos días de incertidumbre, a partir de la matanza ocurrida el sábado 13 de noviembre en la cárcel antes mencionada, cuyas víctimas han variado en cifras diferentes difundidas desde instituciones de estado, lo cual indica, para familiares de los reos, falta de accionar conjunto y de atención real al problema.
Asimismo, coincide con un pedido desde la bancada legislativa de la coalición Unión por la Esperanza, de renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y de otras autoridades como el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, y la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez.
Otros, como la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, defienden mecanismos como la reactivación del Ministerio de Justicia, la implementación de una carrera de guías penitenciarios y llevar adelante un verdadero proyecto de rehabilitación, falencias señaladas por muchos como causales de la crisis actual.
Movimientos sociales, analistas y defensores de los derechos humanos también llaman al presidente a no responsabilizar a organizaciones políticas por la inestabilidad, cuando su convocatoria es a la unidad de fuerzas.
Desde la Asamblea Nacional se habla, además, de posibles denuncias al estado por crímenes de lesa humanidad con la debida garantía del bienestar de las personas privadas de la libertad, en un contexto en el que el hacinamiento es característica común en todos los penales del país.
La crisis en el sistema carcelario inició en 2019 y se recrudeció en los últimos meses, a la par que aumentó la delincuencia y la violencia en las calles de ciudades como Guayaquil. En dicha urbe se ubica la Penitenciaría del Litoral, lugar en el cual aparecen armas blancas y de fuego, teléfonos celulares, droga y otros productos prohibidos en cada requisa policial.
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