Lo que aconteció equivale a un acto de terrorismo de Estado, cometido por la potencia ocupante contra el pueblo palestino, bajo la mirada del mundo, y en desafío a las leyes del derecho internacional, incluidos los convenios de Ginebra, insistió el ministerio de Relaciones Exteriores.
El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohammad Shtayyeh, recabó apoyo mundial para proteger a los palestinos frente a las demoliciones de sus hogares, ordenadas por Israel.
Solicitamos a la comunidad internacional que intervenga de inmediato para condenar estas operaciones y brindar protección a los palestinos en pueblos y aldeas donde enfrentan la demolición a gran escala de sus hogares y la confiscación de sus tierras, subrayó el dirigente, citado por la agencia Wafa.
En días previos el dirigente recabó apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de implementar un mecanismo para proteger a ese pueblo árabe ante lo que consideró una ola de terror protagonizada por militares del gobierno sionista y colonos radicados en Cisjordania.
En su opinión la intensificación de las redadas, detenciones, derrumbes de propiedades, destrucción de sembrados y ataques contra palestinos persiguen satisfacer las ansias expansionistas de Israel y amedrentar a los pobladores de la zona.
Además de instar a la ONU a adoptar medidas de amparo, Shtayyeh llamó a sus coterráneos a redoblar la resistencia frente a dichas agresiones.
En los últimos meses subieron de tono los enfrentamientos entre colonos empeñados en ampliar sus dominios en Cisjordania y aldeanos en defensa de sus tierras.
Estamos presenciando una operación de limpieza étnica para ganar el voto de los colonos en las venideras elecciones israelíes, previstas para marzo, enfatizó el primer ministro.
Israel realizará entonces sus cuartos comicios en poco más de un año, en los que el veterano jefe de Gobierno, Benjamin Netanyahu, aspira a conseguir una ventaja la cual le permita mantenerse en el poder pese a las protestas populares en su contra y a los cargos de corrupción que le imputan.
La ANP insiste en reclamos históricos como el establecimiento de un Estado soberano en las fronteras previas a 1967 y su capital en Jerusalén oriental, demandas avaladas por la ONU.
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