De ascendencia diaguita, pueblo indígena del norte del país, Yasna nació en la ciudad de Vallenar el 16 de diciembre de 1969 y a los 18 años se trasladó a Valparaíso para estudiar en la Universidad de Playa Ancha, donde se graduó de profesora.
Durante sus años de estudiante alternaba su pasión por el deporte con el interés por la política. Ganó varios campeonatos de gimnasia artística y atletismo y a los 14 años ingresó en el Partido Demócrata Cristiano.
Entre 1996 y 1997, fue directora del Servicio Nacional de la Mujer en la región de Atacama, y a partir de ahí ocupó diversas responsabilidades, como gobernadora de la provincia de Huasco, intendenta de Atacama, ministra de Planificación y Cooperación y titular de Educación.
De este último cargo fue sustituida por el Congreso Nacional ante una acusación constitucional por irregularidades en el pago de las subvenciones escolares.
Luego de expirar el impedimento de ocupar puestos públicos por cinco años, volvió a la política y a partir de ahí ejerció como diputada en 2013, senadora en 2017 y presidenta del Senado en 2021.
En agosto pasado fue electa por 60 por ciento de los votos como candidata presidencial por el bloque de centroizquierda Nuevo Pacto Social, que integran la Democracia Cristiana, los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical, Liberal y Ciudadanos.
La mayoría de las encuestas la sitúan en tercer lugar en la intención de voto, por detrás de Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, y del ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano.
Su programa de gobierno tiene entre sus ejes la inclusión, descentralización, paridad de género y reconstrucción pospandemia, lo cual se va a financiar con un nuevo pacto tributario destinado a recaudar cinco puntos adicionales del Producto Interno Bruto.
Dentro de sus propuestas figuran lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres, terminar con el sistema vigente de las Administradoras del Fondo de Pensiones, crear un seguro universal de salud, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y crear una Comisión para la Verdad y la Reparación, que aclare las violaciones de los derechos humanos.
También se propone resolver los conflictos entre el Estado chileno y los pueblos indígenas y desarrollar un proceso de diálogo donde estén representadas todas las comunidades autóctonas.
Respecto a la decisión del presidente Sebastián Piñera de declarar el estado de excepción en zonas habitadas por el pueblo mapuche, afirmó que la militarización no es ni será nunca una solución a los conflictos de naturaleza social, política y cultural.
“El abuso, la desigualdad y el no reconocimiento de la diversidad cultural de Chile –dijo- no se soluciona con balas, sino con diálogo y con propuestas que hagan posible los acuerdos y la paz social”.
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