La medida, contenida en el Decreto Ejecutivo 224, que teniendo en cuenta varias situaciones, entre estas que aunque los niveles delictuales siguen elevados, es necesaria para mantener la tendencia decreciente, así como las operaciones y acciones de vigilancia y seguridad emprendidas.
«De lo contrario, podría rápidamente revertirse y volver a niveles de delincuencia iguales a aquellos previos al estado de excepción», insiste el texto.
Asimismo, se basa en que la disposición debe analizarse en su contexto, pues le antecede un dictamen, el cual estableció el estado de excepción en todas las cárceles debido a hechos de extrema violencia que hasta la fecha ocasionaron la muerte de más de 320 reclusos.
Las provincias impactadas por la nueva decisión son: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos, donde se concentran las mayores irregularidades.
De acuerdo con el texto, se mantiene la finalidad de precautelar los derechos de las personas y de controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público.
Para la ejecución de lo ordenado, en todo momento las Fuerzas Armadas actuarán bajo la coordinación del Ministerio rector del ramo y de la Comandancia General de la Policía Nacional, que estará a cargo de organizar las acciones con las entidades públicas en territorio, para reforzar la vigilancia y prevención del delito.
En ese marco, las requisas, operaciones y registros se realizarán en ejercicio de las facultades y competencias establecidas en la Ley, las labores de los militares serán ejecutadas siempre en coordinación con los agentes del orden y se darán únicamente durante la vigencia del decreto o como respuesta excepcional y temporal ante los hechos delictivos que lo fundamentan.
La notificación de la declaratoria será enviada a la Asamblea Nacional, a la
Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de EstadosAmericanos.
Según informes preliminares, desde el 18 de octubre, cuando comenzó a regir el anterior estado de excepción, hasta la fecha, se realizaron 234 mil 804 acciones por parte de los uniformados, que derivaron en el decomiso de 16 toneladas de droga y 634 armas de fuego, la desarticulación de 76 bandas delictivas, la recuperación de 332 motocicletas y de 215 automóviles.
Entre los principales delitos reportados en ese período estuvieron los asaltos en semáforos y centros comerciales y asesinatos.
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