A la Corte Electoral solo le queda validar 80 mil firmas para llegar a las 671 requeridas constitucionalmente para convocar a consulta popular en favor de lo cual organizaciones sociales recolectaron hasta casi 800 mil adhesiones.
Para el referente de la Comisión Pro referendo, Rafael Michelini, a ese curso responde que el Poder Ejecutivo citara el viernes en su sede a periodistas para recibir un “taller técnico” sobre la LUC, a cargo del prosecretario de la Presidencia, que recibió críticas de legisladores del Frente Amplio.
Los senadores Óscar Andrade, Mario Bergara y Alejandro Sánchez observaron que la coalición gobernante desestimó explicar los contenidos de una legislación ómnibus de casi 500 artículos cuando la aprobaron, en julio de 2020, y ahora lo hará ante la inminencia de un referendo.
Vinculado con las consecuencias de la LUC fue la advertencia del exministro de Trabajo, Ernesto Murro, de que muchos asalariados tendrán que esperar hasta los 71 años de edad para cobrar un ingreso mínimo por jubilación de acuerdo con la propuesta gubernamental de reforma de seguridad social.
Otras señales en igual sentido emitieron los sindicatos de telecomunicaciones y construcción al concertarse para defender con movilización al complejo cultural estatal Antel Arena y a una exitosa empresa matriz pública contra la entrega de parte de los negocios a privados.
La bancada senatorial del oficialismo participó en una inusual sesión de interpelación a su propio ministro de Industria, Omar Paganini, de la que se ausentaron en protesta los legisladores frenteamplistas por considerarlo una maniobra política contra la expresidenta de la entidad Carolina Cosse.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes)realizó un paro de 24 horas contra recortes salariales y decidió ir a huelga de concretarse el despido de colegas por hacer campaña en 2019 contra el proyecto “Vivir sin miedo” del Partido Nacional que a la postre fue derrotado en referendo.
En tanto relatores especiales de Naciones Unidas transmitieron su preocupación a la cancillería de Uruguay por un proyecto en parlamento para liberar a represores de la pasada dictadura aquí.
Promovido por el senador del partido Oficialista, Cabildo Abierto encontró el rechazo del colectivo Familiares de Detenidos Desaparecidos en los años 1973-1985 de terrorismo de Estado, y que su portavoz Ignacio Errandonea calificó de inmoral y precedente aberrante de que “acá no pasa nada frente a los crímenes que cometieron”.
Al propio tiempo reiteró que “ellos saben dónde están nuestros familiares y no lo dicen”, en conferencia de prensa en la sede parlamentaria.
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