Para el diputado Christian Guevara, jefe de bancada del gobernante partido Nuevas Ideas, los argumentos de opositores y representantes de la sociedad civil son «discursos falsos y sin fundamentos».
Guevara negó que la normativa de marras, cuyo anteproyecto fue aprobado por la comisión parlamentaria que lo analizó, cancele a las ONG o pretenda silenciar a las voces críticas a la administración del presidente Nayib Bukele.
Según diputados opositores, esta ley busca «asfixiar» financieramente a las ONG críticas con el gobierno, fijándole un impuesto del 40 por ciento a sus ingresos, cuando la gran empresa apenas paga un cinco por ciento.
La propuesta obliga a las organizaciones financiadas desde el extranjero declarar el origen de tales recursos y su uso en El Salvador, y permitirá al Ministerio de Gobernación (Interior) tener un registro de tales donantes.
Ana Figueroa, presidenta de la comisión que emitió un dictamen favorable a la propuesta, afirmó que la normativa garantizará transparencia y rendición de cuentas, y bloqueará los ingresos provenientes de paraísos fiscales.
Precisó que las donaciones encaminadas a apoyar programas y proyectos de interés social estarán exentas de pagar impuestos.
Medio centenar de ONG expresaron su preocupación por los efectos que tendría esta ley en la población vulnerable que se beneficia con el trabajo de la sociedad civil organizada.
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