Los actos vandálicos ocurridos en los municipios Zamora, Arzobizpo Chacón y Andrés Bello ocurrieron tras la toma de posesión de alcaldes de la derecha y fueron denunciados por el ministro de Comunicación Freddy Ñañez, la víspera.
El fiscal general, Tarek Willian Saab, a través de su cuenta en la red social Twitter explicó que a dichas estaciones comunitarias le cortaron cables, dañaron cabinas y amenazaron físicamente a los directores, en presencia inclusive de menores de edad.
En el caso de Mérida, Elvis Dávila, miembro de la Fundación Comunitaria Molinillo Azul, denunció por medio de un audio, que a la emisora La Azulita Comunitaria 107.3 FM, en el municipio Andrés Bello, la alcaldesa electa por la oposición, María Villasmil, y un grupo de personas intentaron forzarlos a cerrar, argumentando que la sede pertenece a la alcaldía.
Ñáñez fue el primero en denunciar y difundir esas irregularidades que violentan la libertad de expresión establecida en la Constitución como un derecho fundamental.
Las emisoras comunitarias son un proyecto creado por la Revolución bolivariana como parte de los programas de comunicación para mantener informado al pueblo y contrarrestar los falsos positivos de los grandes medios.
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