Mediante un comunicado oficial, el Gobierno venezolano califica los señalamientos de la comisión como ‘carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país’.
El Ejecutivo bolivariano asevera que el establecimiento de la misión, a partir de una resolución promovida por un reducido grupo de países ‘con graves situaciones internas de violación de derechos humanos’, constituye muestra del uso político de los mecanismos internacionales en ese ámbito.
En tal sentido, Caracas denuncia las pretensiones de seguir atacando a las instituciones de la nación sudamericana, como parte de la política de ‘cambio de régimen’ implementada por Estados Unidos.
Las autoridades venezolanas ratifican que no reconocen ni reconocerán mecanismos paralelos que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, Venezuela reitera su voluntad de mantener la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, sus procedimientos especiales y el despacho de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, siempre sobre la base del apego a los principios de objetividad, imparcialidad, diálogo y no injerencia.
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