Las pesquisas se enfilan además hacia ministros y parlamentarios del gobierno.
Tales actuaciones están bajo secreto, a petición de la PGR. En total, la semana pasada se presentaron 10 solicitudes al Supremo Tribunal Federal (STF).
Estos documentos enumeran 12 autoridades con foro privilegiado en el STF y algunas de ellas aparecen en más de un proceso.
Actualmente las demandas están siendo analizadas por los seis ministros relatores que fueron sorteados para atender los casos, según información confirmada por miembros de la corte superior.
La PGR dividió las peticiones en función de los presuntos delitos identificados por la comisión del Senado (CPI) en su documento conclusivo.
Todas las solicitudes se basan en la averiguación recopilada por la junta parlamentaria a lo largo de seis meses de trabajo, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas adicionales.
Bolsonaro podría ser señalado por delitos contra la salud, incitación al delito o uso irregular de fondos públicos, entre otros.
Asimismo existe una denuncia por malversación en la compra de la vacuna india Covaxin, caso que investiga la Policía Federal en base a un informe de la jueza del Supremo, Rosa Weber.
La comisión legislativa entregó el 27 de octubre al fiscal general, Augusto Aras, el informe final de su investigación en la cual se acusa al exmilitar.
El texto desmenuza en cerca de mil 300 páginas el resultado de 69 reuniones de la CPI durante seis meses sobre el desempeño del Gobierno frente a la Covid-19 que cobró hasta la fecha más de 615 mil decesos y casi 23 millones infectados por la enfermedad en el país.
Los 11 senadores que conforman el grupo verificaron graves anomalías que indujeron a enunciar nueve imputaciones contra Bolsonaro, entre ellas la de crimen contra la humanidad.
Otras denuncias apuntan de igual manera hacia tres de los hijos del gobernante de tendencia ultraderechista, ministros, exministros, diputados federales, médicos, empresarios y el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima.
Dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Sanidad (Precisa Medicamentos y VTCLog) fueron además consideradas responsables. En total 78 personas y ambas compañías aparecen en el contenido definitivo de la CPI.
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