Debemos asumir responsabilidad colectiva para que los culpables sean castigados, escribió la Cancillería en su cuenta en la red social Twitter.
Desde el 1 de febrero rige en Myanmar el estado de emergencia por un año, tras el nombramiento del exgeneral Myint Swe como presidente interino de ese país asiático.
Días antes los militares myanmenos apresaron a la consejera de Estado y líder de la Liga Nacional por la Democracia (LND), Aung San Suu Kyi; al presidente de la nación, Win Myint,y a varios ministros.
Esas acciones respondieron a lo que el Ejército calificó de fraude en las elecciones de noviembre pasado, cuando la LND se alzó con la victoria al obtener el 83 por ciento de los escaños legislativos.
Los hechos generaron críticas del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, quien condenó el arresto de Suu Kyi, y lo calificó de duro golpe para las reformas democráticas en esa nación.
El representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó con firmeza la acción del Ejército y pidió la inmediata liberación de los detenidos.
Junto al rechazo internacional una oleada de protestas sobrevino en esa nación con saldo estimado de más de 60 muertos y mil 800 detenidos.
mem/ehl
