En la apelación, el órgano defiende la competencia del decimotercer Tribunal Federal de la sureña ciudad de Curitiba para juzgar los procesos en los que Lula fue condenado.
Procura que se revoque la decisión del ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que el lunes invalidó las sentencias contra el fundador del Partido de los Trabajadores relacionadas con la desactivada operación Lava Jato.
La Fiscalía pide que el caso sea juzgado de forma colegiada, en el pleno del Supremo, por ejemplo.
En su sorpresiva decisión, Fachin argumentó que los cargos del grupo de trabajo de la Lava Jato contra el exmandatario no están directamente relacionados con los desvíos en la empresa petrolera Petrobras, principal objetivo de la operación.
Al seguir los precedentes del juzgado, el magistrado entendió que esa audiencia en Curitiba no era competente. Anuló las condenas y envió los procesos al Tribunal Federal de Brasilia.
Por la determinación de Fachin, se cancelaron las sentencias en los casos del apartamento triplex de Guarujá y la finca en Atibaia, ambos ubicados en Sao Paulo.
Además, fueron anulados otros dos procesos sobre irregularidades vinculadas al Instituto Lula.
En la apelación de la PGR, el fiscal general adjunto de la República, Lindôra Araújo, que firma el recurso, argumenta que los cargos presentados por el Ministerio Público tuvieron éxito en demostrar, tan claro, el vínculo de los hechos investigados en los cuatro procesos con los casos de corrupción en Petrobras.
De proceder la apelación, el exdirigente obrero no recuperaría sus derechos políticos y por ende tampoco podría ser elegible para una carrera presidencial.
La defensa del expresidente esperaba tan reacción, pero también confía en la integridad de los demás ministros de la corte superior.
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