Aunque reconocen que el proceso está en marcha, critican su dilación por más de tres meses. ‘Nos tratan como parientes pobres’, lamentó Marie Antoinette Médor, portavoz del sindicato.
La huelga también demanda el respeto por el principio de ‘igual salario por igual trabajo’, y denuncia que los empleados de las oficinas departamentales con e mismo estatus y cualificación perciben un salario menor que sus colegas en la capital.
Estaremos en nuestros puestos, pero no trabajaremos hasta que se entreguen las tarjetas de débito, aseguró la sindicalista.
El sector se vio afectado por numerosos movimientos de paro en los últimos dos años, lo que, sumado a la crisis sociopolítica y sanitaria, pone en riesgo el desarrollo de la enseñanza en todos los niveles, advirtieron expertos.
A inicios de febrero, los sindicatos docentes se unieron al llamado de huelga de otras estructuras contra la inseguridad, y subrayaron que el fenómeno vulnera los derechos de los educandos.
‘En varias partes del país, los niños se han visto obligados a quedarse en casa. Es un ataque a los derechos a la educación. Estamos a la espera de la respuesta de la sociedad para obligar a las autoridades a asumir su responsabilidad en la educación de niños y jóvenes’, dijo entonces Magalie Georges, secretaria general de la Confederación Nacional de Maestros.
También el pasado año, tras el reinicio del curso escolar en plena pandemia de la Covid-19, los maestros protagonizaron al menos dos meses de paro laboral, lo cual empujó a los estudiantes a las calles a reclamar su derecho a la educación.
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