Los datos aportados por el Observatorio de violencias contra las mujeres 2021 ponen sobre la mesa una realidad tangible que deberá enfrentar, desde el 27 de enero, la primera mujer presidenta en su historia, Xiomara Castro, representante de la alianza opositora y del partido Libertad y Refundación (Libre).
La situación, agravada por las medidas de confinamiento asumidas como consecuencia de la Covid-19, impacta más en los sectores pobres y vulnerables, de acuerdo con Amanda Cruz, administradora de empresas y especialista en economía social, «en aquellas que diariamente buscan las formas para sobrevivir».
«La cultura patriarcal genera frustración, desesperación al no encontrar posibles salidas e incita a la migración para huir de ese entorno salvaje, sin orden y anárquico donde predomina la fuerza del macho. Luego, el sistema de justicia no responde a las expectativas de la ciudadanía», expresó en exclusiva a Prensa Latina.
De acuerdo con un estudio divulgado este 16 de diciembre en Tegucigalpa por la Asociación de Calidad de Vida, el 80 por ciento de las víctimas de la trata de personas en el país son mujeres y niñas, en modalidades de explotación sexual, comercial y servidumbre.
«Desde la Corte Suprema hasta el último operador de justicia en los diferentes municipios resulta evidente el mal funcionamiento del sistema. No atienden a las demandas, la generalidad de los feminicidios no se investiga y las reformas al código penal retrocedieron respecto a las penas contra los criminales», acotó.
¿MUJERES EN EL EJECUTIVO?
Durante los últimos 12 años, la inequidad, desigualdad, discriminación, deterioro y malas condiciones de vida promovidas por el modelo neoliberal, resultan una realidad perceptible, si bien, reconoció Cruz, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reportó un número mayor de egresadas de sus aulas.
Sin embargo, ¿qué ofrece el mercado laboral para las graduadas? A juicio de la experta, el acceso a empleos y oportunidades es aún insuficiente y, respecto a la conformación del poder ejecutivo, en la actualidad, apenas cuatro mujeres ocupan cargos de la administración pública, de los 15 en existencia.
El periodo presidencial de Juan Orlando Hernández (2018-2022) reunió solamente a Antonia Rivera y Olga Alvarado como vicemandatarias; Dolores Agüero, funcionaria de Relaciones Exteriores y Andrea Matamoros, como directora de Comunicaciones y Estrategia de Gobierno.
«Nuestro papel es totalmente invisibilizado desde el más alto nivel. En la junta directiva del Congreso Nacional no hay presencia femenina relevante pues, aunque la parlamentaria Gladis López es la vicepresidenta de ese órgano de poder, su labor incide más en las actividades colaterales que en el trabajo legislativo», apuntó.
La Corte Suprema de Justicia, tiene una conformación de cinco mujeres y 10 hombres, pero, sumado a la poca participación en cuanto a cantidad, las hondureñas involucradas en carreras políticas experimentan continuamente conductas machistas de sus colegas, discriminación y trato desigual.
Yamileth González, representante del grupo de Mujeres Socialistas de Honduras, declaró a Prensa Latina que, si bien constituyen el 51.5 por ciento de la población, son el sector más afectado en relación a precariedad educativa, sanitaria, derechos económicos y políticos, altos índices de intimidación e inseguridad.
En este sentido, la situación se torna más difícil frente a fenómenos naturales, pandemia, corrupción e impunidad, escenarios tangibles en el país y si las mujeres no están realmente presentes en los espacios de toma de decisiones ¿cómo esperar una atención prioritaria frente a esos fenómenos sociales?
«Durante los procesos comiciales anteriores su participación fue solo para rellenar espacios, en condiciones de desventaja económica. Las planillas electorales solo exigen paridad en las candidaturas propietarias, pero en la suplencia, la ley favorece la mayoría de hombres en esa responsabilidad», señaló González.
Si bien la vigencia formal de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas requiere la paridad en la integración de las nóminas para cargos de elección popular, la intervención de las aspirantes en la esfera política es aún muy baja y volverán a ser minoría en el Congreso Nacional (2022-2026).
Xiomara Castro es la primera mujer electa en Honduras para el máximo cargo del país y resulta la cuarta en asumir esa responsabilidad en Centroamérica tras Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en Nicaragua; Mireya Moscoso (1999-2004), en Panamá y Laura Chinchilla (2010-2014), en Costa Rica.
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