Dorcé quien asumió el cargo a finales de noviembre en sustitución de Litz Quitel, señaló asimismo, que trabajan para erradicar este fenómeno.
Se estima que cerca del 85 por ciento de la población carcelaria no ha tenido acceso a la justicia, y algunos de los reos pueden pasar hasta una década sin ser escuchado por un juez o contactados por un abogado.
En abril de este año, Naciones Unidas lamentó el aumento de la detención preventiva prolongada y subrayó que amenaza los cimientos del mismo estado de derecho.
También criticó el trato inhumano y degradante en las sobrepobladas cárceles del país y alentó a las autoridades a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Desde hace varios años las prisiones de Haití operan al triple de su capacidad, en medio de las recurrentes huelgas de los empleados del sistema judicial, la inseguridad, crisis política y sanitaria.
En este contexto, la detención preventiva prolongada creció un nueve por ciento de 2020 a 2021, y se estima que la cifra sea aún mayor en el balance de este año, luego del paro de varios meses de fiscales y jueces, además del alza de la inseguridad.
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