La medida declarada por grave conmoción interna por el presidente de la república, Guillermo Lasso, en octubre pasado y renovada en noviembre último, rigió en cerca de una decena de provincias de esta nación andina, donde se registran la mayor cantidad de casos de inseguridad ciudadana.
“Los niveles de inseguridad que están asolando al país son los que originan este nuevo mecanismo, en búsqueda de contrarrestar la inseguridad”, aseguró el mandatario el pasado 19 de octubre cuando firmó el decreto inicial.
Contrarrestar la ola delincuencial agudizada en casi todo el territorio nacional era el objetivo central de la disposición, sin embargo, a dos meses del primer decreto, continúan las denuncias de asaltos y las noticias sobre personas asesinadas, incluidos menores de edad.
En ese sentido, el Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, son los territorios donde se aplicó la medida, que incluyó el reforzamiento de la presencia policial y las Fuerzas Armadas en las calles, así como el aumento de operaciones de control.
De acuerdo con datos oficiales, durante la renovación de la medida, del 19 de noviembre hasta el 16 de diciembre, se desarticularon 69 organizaciones delictivas, mientras que hubo cinco mil 861 personas detenidas.
La Policía Nacional también informó de 546 armas de fuego decomisadas, 882 motos y 933 carros retenidos, e igualmente 329 motos y 221 autos recuperados, entre otros.
De igual manera, la droga incautada en ese lapso ascendió a más de 14 mil 666 kilogramos.
Asimismo, en Los Ríos, Manabí y Pichincha, donde se ubica esta capital, existe preocupación por el repunte delincuencial.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobierno (Interior), desde enero hasta agosto del 2020 hubo 12 mil 475 robos a personas, mientras que en el mismo período de este año, el número subió a 16 mil 17, para un incremento del 28,4 por ciento.
Los robos a locales comerciales y a personas en las calles, algunos con víctimas mortales, también aumentaron desde inicios de 2021.
El 23 de noviembre último, el profesor-investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova, presentó la ponencia ¿Qué hacer y no hacer para contrarrestar la violencia criminal? De la explicación a la acción, en el marco del evento: Crisis Carcelaria y Estado de Excepción.
En ese espacio, el jurista se refirió a la situación crítica del sistema penitenciario del país, con una agudización de disturbios, muertes violentas y enfrentamientos de bandas por el control de las instalaciones, en su criterio, muy vinculado a lo que ocurre en las calles.
Durante su intervención, el especialista analizó el panorama carcelario, se refirió a la importancia de hacer una evaluación política para la violencia criminal, así como un ensayo sobre el caso ecuatoriano y presentó opciones de planes públicos para contrarrestar los problemas.
Mientras, la inseguridad continúa en la ciudadanía, al igual que los temores de salir a las calles, a eventos sociales o simplemente de regresar a sus casas en la noche o hacer una salida familiar, ante la posibilidad de ser víctimas de asaltos, robos o pero aún, de resultar asesinados.
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