Ese órgano jurídico remitió cinco casos de asesinato durante unas protestas en la ciudad de Atbara y se prevé que pronto se fijará la fecha de los juicios correspondientes.
También completó sus investigaciones sobre un incidente en el que un detenido resultó torturado hasta la muerte por las Fuerzas de Apoyo Rápido en diciembre pasado y cuyo informe al respecto se enviará al poder judicial dentro de breves días.
El fiscal general, Tajelsir El Hibir, recibió la documentación forense sobre la autopsia de los restos exhumados de víctimas -en el 2007- de la presa de Kajbar, un hecho documentado como asociación delictiva y homicidio premeditado.
Ese suceso ocurrido hace 14 años involucró a miembros de las fuerzas de seguridad del antiguo gobierno, quienes mataron a tiros a cuatro personas durante una marcha pacífica contra la construcción del dique, que amenazaba con inundar sus zonas.
Según El Hibir, el exministro Ali Mahmoud Abdel-Rasoul y Al-Zubair Ahmed al-Hassan,y exsecretario general del Movimiento Islámico, entre otros, enfrentan cargos de corrupción vinculados con la venta de la Autoridad de Transporte Fluvial del Estado, según la acusación.
También se le imputa a otras antiguas autoridades cometer delitos de manejos financieros ilegales, entre ellos a los extitulares de carteras Awad Ahmed al-Jaz y Abdel Halim al-Mutafi en el caso de Mashkour Sugar Company, y al exgobernador, Haji Atta Al-Mannan en otro vinculado con Al Nile Bank.
Este es el segundo grupo de antiguos responsables en el gobierno del presidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019, que enfrenta un proceso judicial, el primero se sometió a juicio en 2020 e incluía al propio exmandatario.
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