Letrado actuante en el Juzgado Segundo de Distrito en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Gómez concedió otras cuatro suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica, esta vez a favor de 13 empresas privadas.
El juez argumenta que su fallo no infringe disposiciones de orden público ni vulnera el interés social al otorgar la medida cautelar en favor de esas empresas, pues no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley.
Es decir, todo lo contrario a lo expuesto por López Obrador de que la vieja ley, la cual ampara la privatización y el saqueo derivado por una actuación monopólica, deriva en altas tarifas del suministro eléctrico abusivas al consumidor, en particular a los pobres quienes pagan el servicio a tasas superiores a la gran industria.
La nueva medida del juez es doblemente perjudicial al estado pues la suspensión de la reforma tendrá efectos generales a fin de que ninguna de las partes tenga una ventaja competitiva frente a las otras que puedan distorsionar el mercado, según el criterio del letrado.
López Obrador envió una carta explicativa y argumentada con antecedentes al presidente de la suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a fin de que investigue el proceder del juez y otros personeros del cuestionado Poder Judicial.
En consecuencia, le pidió una investigación del caso a Zaldívar y denunció al mismo tiempo que alrededor de las decisiones de Gómez Fierro actúan personas e intereses vinculados al antiguo régimen con antecedentes de corrupción e influyentismo perjudicial a la economía mexicana como el caso del exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz.
Aunque la reforma energética fue concretada por el expresidente Enrique Peña Nieto, la entrega del sector al capital privado, principalmente extranjero, lo inició el expresidente Vicente Fox (2000-2006) y lo aceleró Felipe Calderón (2006-2012) quien incluso fue empleado como consejero por Iberdrola.
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