Este domingo los militares apresaron a la consejera de Estado y líder de la Liga Nacional por la Democracia (LND), Aung San Suu Kyi, al presidente de la nación, Win Myint,y a varios ministros.
El anuncio incluye la trasferencia de todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, el cierre de los bancos hasta nueva orden, y la suspensión de los servicios de cajeros automáticos.
Esas acciones responden a lo que el Ejército califica de fraude en las elecciones de noviembre pasado, cuando la LND se alzó con la victoria al obtener el 83 por ciento de los escaños legislativos.
Mediante una declaración la LND exhortó a no aceptar lo que calificó de golpe de Estado y exhorto a la población a ‘responder y protestar con todo el corazón’.
En tanto el Ejército anunció, a través del canal televisivo Myawaddy, la convocatoria a nuevas elecciones una vez finalizado el estado de emergencia.
Las acciones de la víspera y la caída del Gobierno constitucional en esta nación generaron críticas del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, quien condenó el arresto de Suu Kyi, y calificó el hecho de duro golpe para las reformas democráticas en esta nación.
De su lado el representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó con firmeza la acción del Ejército y pidió la inmediata liberación de los detenidos.
El vocero de la cancillería de China, Wang Wenbin, dijo que su país es ‘un vecino amigable de Birmania y abogó por la ‘gestión adecuada de las diferencias en el ámbito del marco constitucional y legal’.
Mientras, Japón expresó preocupación, pidió la liberación de Aung San Suu Kyi, y llamó a sus ciudadanos en este país permanecer atentos a la evolución de la situación.
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