La Habana (Prensa Latina) La ofensiva antiterrorista en la región africana del Sahel evidenció cierto avance en 2021 tras la liquidación de Abu Walid al Saharaui en septiembre y Soumana Boura en diciembre, jefes del Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS).
Tres de los 10 estados en el oeste saheliano -Burkina Faso, Mali y Níger- fueron los más afectados por ese flagelo global en la etapa, aunque los demás de la zona semidesértica no estuvieron exentos de amenazas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GNIM), y el EIGS, los más activos.
Esa franja sufrió en 2021 masacres perpetradas por los grupos beligerantes de distorsionada matriz confesional musulmana, como el doble ataque ejecutado en junio contra la aldea de Solhan, en Burkina Faso, con 160 muertos y considerado el mayor crimen terrorista sufrido por el país.
La inseguridad empeoró paulatinamente desde el 2011, debido a la guerra desatada por naciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra el gobierno libio de Muamar Gadafi, asesinado en esa contienda.
El desequilibrio subregional que siguió a ese evento bélico suscitó la eclosión integrista.
Según estimados oficiales, el 80 por ciento de los ataques terroristas perpetrados en todo esa área geográfica en la primera mitad de 2021 ocurrió en la llamada región de las tres fronteras, compartida por territorios de los tres países citados. En el segundo semestre el índice disminuyó, pero la violencia persistió. En Mali, la amenaza integrista se caracterizó por agresiones contra militares y civiles en la región central -principalmente en la provincia de Mopti- y en la septentrional Gao, donde además de los enfrentamientos armados se ejecutaron múltiples secuestros de extranjeros y la sustracción de bienes.
Fue precisamente en el norte de ese país donde comenzó en 2012 lo que los agresores identifican como Yihad (guerra santa islámica), como secuela de la invasión occidental a la vecina Libia, y desde entonces la trayectoria maliense resultó muy compleja e incluyó tres golpes de estado, dos de ellos en los últimos 11 meses.
La actividad de los destacamentos radicales en el oeste del Sahel en 2021 también estuvo dirigida a desestabilizar los procesos institucionales en Burkina Faso y Níger, donde tras campañas electorales asumieron dos nuevos gobiernos que le declararon la guerra al terror.
En el caso nigerino las regiones más golpeadas fueron Diffa, en el sudeste del país, y Tillaberi, en el sudoeste; la primera, víctima de frecuentes asedios de la secta fundamentalista de origen nigeriano Boko Haram y del Estado Islámico del Gran Sahara, mientras que en el segundo caso las agresiones se asociaron con el GNIM.
No existen diferencias sustanciales entre las facciones fundamentalistas actuantes en el Sahel e incluso observadores militares describen algún tipo de afinidad político-militar, teniendo en cuenta sus coincidencias en cuanto a objetivos criminales, cuyas víctimas sobresalieron en 2021.
Organizaciones humanitarias acusaron al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes de ultimar a cerca de 500 civiles desde principios de año en la zona de Tillaberi, la cual se halla en el área de las tres fronteras.
DEFENSA COLECTIVA
La transnacionalización del terrorismo en el escenario de esa región impuso la opción de las acciones conjuntas contra los destacamentos integristas, así como el refuerzo de la colaboración castrense por parte de cinco países francófonos con implicaciones estratégicas y de integración, más allá de su proyecto militar inmediato.
La Fuerza Conjunta G5 Sahel, creada en 2017, está integrada por Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania y resulta una iniciativa efectiva en la lucha contra la inseguridad en la zona.
En la segunda parte de 2021 ese contingente multinacional se fortaleció con tropas procedentes del ejército chadiano.
La opción militar contra los movimientos extremistas es una práctica aplicada frecuentemente en los últimos años por los Estados del área y en cuya ejecución participan también fuerzas no africanas, como las enviadas por Francia con la actual Operación Barkhane, de más de cinco mil efectivos.
PARA ACABAR CON LA INSEGURIDAD
Pese a los golpes contra los extremistas, 2021 mostró que la “violencia contra la violencia” no puede ser la única salida para acabar con la inseguridad en el Sahel.
Un concepto muy difundido es que, con sus agresiones, los grupos terroristas tratan de imponer -en el ámbito de la supuesta desideologización de la Posguerra Fría- el criterio de que las estructuras del poder son frágiles y están condenadas al fracaso.
Por consiguiente lo que ocurre es síntoma de debilidad institucional y no de un proceso histórico.
La difícil realidad socioeconómica de la región de 30 millones 272 mil 922 kilómetros cuadrados y unos mil 300 millones de habitantes, su hostil naturaleza y los intereses enfrentados hacen cada año más inseguro ese escenario de bajo nivel de desarrollo humano, agravado en el 2021 por la pandemia de la Covid-19.
Por eso, los analistas llaman a adoptar con urgencia un enfoque coherente y coordinado que tenga en cuenta las aspiraciones de la población civil y garantice protección efectiva frente a las crecientes amenazas.
Consideran igualmente necesario que todas las partes, entre ellas las fuerzas de defensa y seguridad de la región e internacionales, demuestren una mayor transparencia y responsabilidad en el despliegue de sus operaciones militares.
rmh/mt
* Periodista de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina
